09/06/2020

Cátedra de Derecho en la UNC contra el matrimonio igualitario y la comunidad LGTBIQ+

Se trata de Alicia García de Solavagione, fiscal y docente de la Universidad Nacional de Córdoba.

La titular de la cátedra de derecho de familia de la Universidad de Nacional de Córdoba, Alicia García de Solavagione, que es además fiscal en lo Civil, Comercial y Laboral en el poder judicial, fue denunciada ante el Inadi por discriminación al colectivo lgtbi expresada en el Manual de Derecho de Familia que usa como bibliografía obligatoria en su cátedra.


El manual en cuestión es un compilado de casi 900 páginas con escritos de su autoría y de otros integrantes del cuerpo, entre ellos el coordinador de la cátedra, José Luis Báez, y los docentes Martín Andrés Flores, Mariano Frulla, María Julieta Rojo Cantos y Agostina Tula. Según explica la propia titular de la cátedra en el prólogo editado en 2016 por la editorial Advocatus, el manual es “el resultado de cuatro años de reflexión en proyectos de investigación, seminarios, conferencias, clases de grado y posgrado, abarcando la totalidad de la materia tal como se imparte, con un enfoque objetivo y fundamentado, conforme la concepción familiarista”.


En su contenido el compendio afirma una presunta “ilegalidad” de las familias monoparentales y de las “relaciones homosexuales”; patologiza las identidades trans y manifiesta violencia simbólica permanentemente en nombre de supuestos fundamentos científicos absolutamente inexistentes. Se afirma, por ejemplo, sobre las relaciones homosexuales que “no implica que estén absolutamente legitimadas”. A su vez en todo el texto la cátedra transmite consideraciones homolesbotransodiantes, ignorando el conocimiento científico y la legislación civil que rige en el país, concediendo autoridad al derecho canónico por sobre el derecho civil.


Asegura que textualmente “si las relaciones homosexuales hoy son aceptadas, ello no implica que estén absolutamente legitimadas. La sociedad puede hacerse más tolerante y no penalizar las conductas homosexuales, y con ello evitar la discriminación. Pero la tolerancia no cambia la realidad. Ni siquiera la legalización de determinadas conductas, utilizando la ficción jurídica. El orden público atiende a los datos de la realidad y a la biología. La sociedad está en su derecho a proteger determinados modelos de matrimonio que están acordes con los datos biológicos”. Por eso, asegura que “aunque existen ciertos argumentos para excluir a los homosexuales de ciertas formas de protección jurídica”, Argentina, al sancionar el matrimonio igualitario, “perdió una oportunidad histórica de sancionar una muy buena ley de unión civil para parejas de igual o diferente sexo, inclinándose por injertar dentro de un estatuto conyugal para personas heterosexuales un matrimonio entre personas de igual sexo, que tiene severas contradicciones constitucionales”.


En otros de sus pasajes sostiene que la ley de identidad de género atenta contra el matrimonio, entre otras cosas, porque no considera que la identidad trans sea una enfermedad. “Es altamente cuestionable (…) que no se haya previsto ningún recaudo para averiguar la condición física o de salud” de quien solicita al Estado el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. “Solo los profesionales especializados (médicos, endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos, etc.) pueden determinar si un individuo padece disforia de género, única posibilidad aceptable para iniciar el proceso judicial de rectificación de partida. Sucede que los mentores de la ley entienden que no se está frente a una patología, sino que obedece a una vivencia personal”, dice el Manual.


En 2016, poco después de editado, este aberrante manual oscurantista y antiderechos fue declarado “de interés legislativo por el Concejo Deliberante” de la capital cordobesa. García de Solavagione es uno de los nombres más tradicionales en esa casa de estudios, que desde 2018 no casualmente tiene como decano a Guillermo Barrera Buteler. Cabe destacar que el decano de la Facultad de Derecho es férreo militante anti derechos y ha sido firmante del fallo que sostenía el freno del aborto no punible en la Provincia. Resulta claro que no se trata de un desvío académico, sino que se dibuja de cuerpo entero una política de fuertes compromisos con las iglesias que corroen al sistema educativo en todos los niveles, el sistema judicial y el poder político de conjunto en una provincia donde se bloquean los derechos de salud sexual y reproductiva, la ESI laica y científica, el cupo laboral trans y la adhesión a la ley de identidad de género.


Desde la Agrupación 1969 LGBTI adherimos a la denuncia ante el Inadi realizada por la ONG cordobesa Devenir Diverse y llamamos a desenvolver una campaña y movilización de lxs estudiantes, organizaciones de diversidad y de género para exigir que sea retirado ese material de la Universidad defendiendo el carácter laico conquistado desde la Reforma del 18. Reclamando además la aplicación efectiva de la ESI y la separación de la iglesia del Estado.




 

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