Después de la vergonzosa sesión del pasado 10 de octubre, donde entre gritos e insultos el PJ logró imponer que en lugar de votar se pase a comisión el  proyecto de ordenanza que fija un cupo laboral del 3% para las personas trans, este jueves 24 de octubre se volvió a discutir en la sesión del Concejo.

A pesar de haber sufrido varias modificaciones a instancias del bloque Hacemos por Córdoba (PJ) -lo que permitió el despacho por mayoría de la Comisión de Equidad y Género- durante la sesión, a pedido de la concejala Nadia Fernández de ese mismo bloque, se bloqueó por segunda vez el tratamiento y fue enviada nuevamente a comisión esta ordenanza largamente esperada por el colectivo trans. La sesión se desarrolló en un Concejo Deliberante vallado y sitiado por la policía ante la movilización de organizaciones trans, del colectivo LGTBI y el movimiento de mujeres.

La maniobra de bloque del PJ, que asumirá el gobierno municipal a partir del 10 de diciembre, apunta a terminar imponiendo la votación de un proyecto degradado. Pinta de cuerpo entero no solo el lugar que ocuparán las reivindicaciones de las mujeres y las disidencias, sino además la orientación social que padecerán los trabajadores de la ciudad.

Más precarización laboral mientras subsidian a las empresas

A pesar de haber introducido las modificaciones propuestas por el PJ, éste bloque mantiene su propio proyecto centrado en la creación de programas de formación y capacitación, y plantea que la “inclusión laboral” sea bajo la modalidad de becas o pasantías. Al igual que los programas provinciales como el Plan Primer Paso (PPP) o el Programa para Inserción Profesional (PIP), en el mejor de los casos se trataría de trabajo precario y extremadamente temporal. Estos programas tienen una duración máxima de 12 meses, con salarios de miseria, y al no figurar como relación de dependencia no cuentan con seguridad social ni aportes patronales.

Esa propuesta promueve la firma de convenios con privados para incorporar personas trans a su planta laboral, bajo cualquier modalidad contractual, a cambio de exenciones impositivas. Es decir que es utilizada como un beneficio extra a las patronales.

Fue recién ante la presión ejercida por la movilización en estas últimas semanas, que desde el bloque Hacemos por Córdoba anunciaron la incorporación de un artículo que fija el 1% de cupo laboral para personas trans en la planta municipal. Estamos hablando en el mejor de los casos de 100 personas, muy lejos de las demandas del colectivo, cuando son centenares las trans las que se ven obligadas a trabajar en la zona roja.

Sin duda, las maniobras y dilaciones del PJ apuntan a trasladar la política de precarización y subsidios que despliegan en la provincia a la municipalidad de Córdoba, a la vez que prevén un ajuste sobre la planta municipal. Nadia Fernández, al ser consultada por su rechazo al cupo del 3%, afirmó que "la realidad es que el estado municipal está en una situación complicada que no puede incorporar más personal”.

Una complicidad necesaria

Las idas y vueltas en el Concejo Deliberante han sido acompañadas por una puesta en escena entre concejales radicales y peronistas, que se endilgan unos a otros la responsabilidad en el punto. Lo cierto es que estos enfrentamientos no son más que escaramuzas que intentan ocultar una complicidad necesaria.

Durante las últimas dos gestiones del radicalismo, desde el FIT-PO, junto a la agrupación 1969 y el Plenario de Trabajadoras, hemos presentado el proyecto de cupo laboral trans en varias ocasiones. Las negativas a darle tratamiento provinieron centralmente el oficialismo municipal. La premura por su tratamiento a semanas de entregar el mandato no exime a la UCR de ser tan responsable como el PJ por la situación de extrema exclusión en la que viven las personas trans en nuestra ciudad.

Hasta que se apruebe

La asamblea de trans, mujeres y disidencias que se autoconvocó en las puertas del Concejo Deliberante mostró todo su potencial de lucha y movilización. Ni las maniobras del PJ, ni las versiones periodísticas acerca de que la UCR no insistiría con el tratamiento, han doblegado a las compañeras que se plantean continuar con el empadronamiento y la organización.

En esta perspectiva nos preparamos para desarrollar un plan de movilización, en unidad con el potente movimiento de mujeres y trabajadores, para quebrar esta política de exclusión e imponer lo que es un derecho. Nuestras bancas en el Concejo y en la Legislatura están y estarán al servicio de esta lucha.