La semana pasada se hizo pública la denuncia de organizaciones disidentes de Traslasierra (Córdoba) ante la detención y encarcelamiento de una mujer trans, que actualmente está detenida en el pabellón de hombres de Unidad Penitenciaria 8 de Villa Dolores.

Según dio a conocer la organización Casa Diversa, la mujer fue objeto de violencia por parte de un hombre cis, en la casa de una conocida en común de ambos, en la localidad de Villa de Dolores. Esta situación derivó en la radicación de una denuncia por parte del hombre cis que quedó en libertad y que generó la detención de la mujer, cuando ésta se presentó a denunciar.

Luego de la detención, según se denunció, la mujer fue localizada en un pabellón de hombres, sin haber sido aplicado el art. 12 de la Ley de Identidad de Género, que estipula que el trato a recibir, sobre todo en instituciones del Estado, se corresponda con el nombre de la persona y el género autopercibido. Fue recién luego de la denuncia de las organizaciones que finalmente se hizo lugar a la aplicación de esta normativa.

Sin embargo, continúa la situación de cárcel para la mujer, cuestión que revela la rapidez en el accionar del Estado, a través de la policía y el sistema judicial, para aleccionar a las identidades disidentes, que se defienden de la violencia que reciben cotidianamente, solo por escapar a la cisnorma.

Quienes integramos el colectivo LGBTI+ venimos de hace décadas denunciando la persecución policial, además de la criminalización y medicalización de nuestras identidades, cuestión que no ha cambiado en el interior de la provincia de Córdoba, y que a pasos de tortuga viene cambiando en la capital. El retrato de sociedades conservadoras y religiosas es aún hoy poderoso; el interior cordobés continúa siendo un espacio donde los discursos de la derecha antiderechos son cultivados y promovidos por todos los partidos del régimen, sin grietas.

Por eso, repudiamos los hechos denunciados, nos solidarizamos con la compañera, y exigimos su inmediata libertad.