Este viernes 4, a las 0:30 h y sin previo aviso, el gobierno nacional de Alberto Fernandez sacó un decreto en el que plantea un cupo laboral travesti-trans en el sector público nacional de un 1%.

Se trata de una extendida demanda de la comunidad, a la que el Estado se resistía pese a que no implica incremento de gastos ni el tener ninguna otra disposición que la de ocupar un puesto de trabajo con una persona trans de cada 100 contrataciones que se hacen. En el escenario actual, con la planta del Estado congelada para nuevas contrataciones y en descenso -como fruto de despidos de contratados que han habido desde que asumió el gobierno-, este objetivo se vuelve más complicado, porque se tratará de que se ocupen los puestos con altas por bajas y en ese escenario habrá que pujar porque se cumpla con el decreto.

Es importante remarcar que este decreto no salió de una galera: la lucha por el cupo laboral travesti trans lleva años en las calles. En este largo camino se consiguieron normas provinciales, como la ley Diana Sacayán en la Provincia de Buenos Aires (que lleva el nombre de una de las referentes de esta lucha); y leyes municipales, que sin embargo no han sido implementadas en su totalidad. Vale recordar a su vez que este derecho fue sistemáticamente cajoneado por los mismos sectores que hoy lo impulsan; desde el Partido Obrero, el proyecto de Inclusión Laboral Trans ya fue presentado tres veces a nivel parlamentario.

El gobierno había asumido prometiendo mejores condiciones de vida para las mujeres y la población LGBT+, pero estas por el contrario han empeorado, al calor de un reforzamiento de la alianza con las Iglesias -posponiendo, por ejemplo, el tratamiento del aborto legal seguro y gratuito- y de una agenda dictada por el FMI, de reducción de déficit fiscal (ajuste), más devaluación y un gran avance en la flexibilización laboral. Las paupérrimas condiciones de vida de la población travesti trans, que se han agudizado en esta pandemia, y la presión que generó este movimiento de lucha, ha empujado a ese gobierno a tomar esta iniciativa, que reclamamos hace años, y que ellos como bloque mayoritario no pudieron aprobar mediante el Congreso en este contexto de crisis política y económica.

Actualmente las contrataciones en el Estado se encuentran congeladas por el decreto lanzado en febrero (132/2020) hasta el 2021. A su vez, la planta transitoria y permanente de trabajadores en el Estado se continúa reduciendo hace años, mientras la mayoría de les trabajadores en este ámbito se encuentran contratados por monotributo u otros contratos precarizadores, como los de convenios con universidades o de programas nacionales que se hacen vía contratos provinciales. El decreto habla del 1% en los próximos llamados, pero sin nuevos puestos de trabajo la situación continuará igual: el 1% de cero contrataciones es cero.

A su turno, muchísimas personas que ya se registraron en el programa Potenciar Trabajo están esperando una respuesta del gobierno sobre esta “propuesta laboral” precarizadora, de $8.500, que no alcanza para cubrir la canasta básica. En este marco, rechazamos que el  cupo implique este tipo de contratos para les compañeres travestis-trans: es necesario continuar la lucha por el pase a planta de todes les precarizades y por un salario igual a la canasta familiar.

El decreto aún no fue reglamentado, esta reglamentación depende del Ministerio de Mujeres y Diversidad. Si bien es progresivo en su letra, al no ser una ley corre el riesgo de ser derogado por cualquier gobierno de la misma forma en que fue lanzado, y será indispensable la continuidad de un movimiento de lucha independiente de cualquier gobierno de turno, para garantizar su reglamentación, sostén y cumplimiento.

Saludamos el Cupo Laboral Travesti Trans, pero exigimos su real implementación a nivel nacional, ya que en varios distritos los cupos aprobados continúan sin implementarse. Es clave que este cupo se implemente sin ningún camino hacia la flexibilización laboral y la precarización, ya que este sector, marginado por el Estado y con una expectativa de vida de 35 años, vive sistemáticamente en las peores condiciones de vida, siendo empujades a la prostitución como única fuente de ingresos. Debemos lanzar una campaña por su implementación en todos los lugares de trabajo.

Comprendemos que la lucha sigue y que aún nos faltan muchísimos derechos por conquistar. Por eso, en este contexto de agudización de la crisis, y donde el colectivo LGBT+ es uno de los sectores más golpeados, es importante más que nunca la organización en las filas de la independencia política contra los gobiernos del FMI.

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