En el día de hoy fueron detenidos seis policías por las golpizas y torturas en la madrugada del día 25 contra Alexis Do Santos y Nahuel Taborda, una pareja de jóvenes de Santo Tomé (Santa Fe). El hecho había tomado estado público a través de una publicación en Facebook de la hermana de uno de ellos.

Los jóvenes denunciaron haber sido sacados de su casa a la rastra, sin orden judicial, y llevados a la comisaría n° 12 de la localidad, donde los golpearon, los torturaron física y psicológicamente y los humillaron por su orientación sexual. Los vigilantes no tuvieron siquiera en cuenta la discapacidad de uno de los jóvenes, quien tiene un acrílico en el cráneo y una cirugía en el estómago por un accidente.

Desde la 1:30 hasta las 5:30 fueron torturados. Recién a esa hora se hizo entrar a un médico, ya que los policías se negaron a brindarles asistencia médica hasta que uno de los jóvenes se descompensó. Allí pudieron entrar los familiares y amigos que estaban esperando afuera. Luego de imputarles “desacato a la autoridad”, a las 14:30 fueron liberados. Estos momentos fueron registrados con fotos y videos por las personas que entraron para asistirlos. La hermana de uno de ellos, que también fue golpeada y esposada en la comisaría, ya radicó la denuncia en asuntos internos.

Responsabilidades políticas

No es la primera vez que policías de la ciudad torturan a personas. Se conoció también el caso de las torturas que recibieron Belén Castro y Laura Villanueva en la sub comisaría 9°, por denunciar al asesino de uno de sus familiares. Fue bajo el gobierno municipal de Fabián Palo Oliver, perteneciente –al igual que el gobernador santafesino Miguel Lifschitz- al Frente Progresista.

La falta de implementación del cupo laboral trans, de educación sexual laica y científica, el vaciamiento de la salud pública, los despidos, el ajustazo, nos transforman a diario en blanco de ataques LGBTodiantes y todo tipo de vejaciones. Estos ataques sistemáticos son el correlato del papel determinante del Estado en la reproducción de la desigualdad y de la operación de sectores clericales “profamilia” contra los derechos de la comunidad LGBT+.

Este caso, como tantos otros, se enmarca dentro de la persecución al colectivo de diversidad sexual en todo el país y de la escalada represiva, en un contexto de agudización de la crisis y del ajuste llevado adelante por Macri y los gobernadores, de la mano del FMI.

El problema de la violencia policial es un problema político. En una ciudad en la que conviven cuatro fuerzas policiales diferentes, ha crecido el narcotráfico y las consecuencias sociales que de él se derivan. Como así también los lazos de los gobiernos con estos negocios, directamente sostenidos por las 'fuerzas de seguridad'. Así lo demuestra la crisis de la policía a nivel provincial, las denuncias y escuchas que recorren a funcionarios de diferentes niveles, el aumento de los asesinatos o las investigaciones y separaciones forzadas al interior de las fuerzas.

Por el desmantelamiento del aparato represivo

Para frenar este accionar impune, es necesario que el personal a cargo de la seguridad sea designado y controlado por organizaciones barriales, de trabajadores y trabajadoras. A su vez, los libros de guardias y precintos de las comisarías deben estar abiertos al control de los vecinos de las barriadas donde están asentadas, y no ser, como ahora, propiedad privada de los funcionarios policiales.

Los funcionarios y jueces deben ser elegidos por voto popular, con posibilidad de revocatoria por la misma vía.

Hacemos responsables del hecho a los gobiernos del Frente Progresista, tanto de la ciudad como de la provincia, por promover la violencia y la represión. Impulsemos un movimiento LGBTI+ independiente de los sectores que promueven el ajuste, que votan contra el cupo laboral trans y contra la ESI laica y científica; que nos niegan los derechos y nos llevan a condiciones de vida míseras y precarias.