La Cámara Nacional de Casación Penal dejó firme la condena a prisión perpetua de Gabriel Marino, condenado por el crimen de Diana Sacayán, pionera del movimiento travesti trans y de grandes conquistas parlamentarias como la Ley de Identidad de Género y el Cupo Laboral Travesti Trans. Sin embargo, Casación le quitó a la condena la figura del agravante por el odio a la identidad de género de la víctima, lo que convertía al caso en la primera sentencia por travesticidio en la Argentina -una conquista del movimiento LGBT+ reconocida a nivel internacional.

En 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 había llevado a cabo el juicio oral y condenado al acusado a la pena máxima por homicidio agravado y odio a la identidad de género. Sin embargo, los magistrados de casación consideran que la figura no se corrobora porque para ello se tendría que haber acreditado que el acusado fuera “transfóbico”.

En palabras de la jueza Llerena, de la sala 1, “en el hecho, este extremo ‘odio de género’, así como cualquier otro tipo de odio debe ser comprobado a partir de actos que revelen la motivación en la persona sometida a proceso, para cometer el homicidio”. En el año 2014, esta misma jueza y el tribunal que integraba habían eliminado la consideración de “femicidio” en relación con el crimen contra Soledad Melo, mientras que en el 2016 sucedió lo propio con la figura de “odio de género” en el femicidio acometido contra Nicole Sessarego Bórquez.

Por su parte, el juez Jorge Luis Rimondi justificó la consideración en el caso de Sacayán en que “no se han detectado lesiones violentas en zonas genitales”, señalando que los dos cortes que tenía en el pecho “condicen mucho más con la idea de uno de los tantos intentos no asertivos por matar a Diana Sacayán que con la idea de dejar un ‘mensaje’ hacia rasgos característicos de su identidad”.

Con estas consideraciones especulativas y arbitrarias, el fallo busca desligar el hecho del cuadro de violencias al que es sometido el colectivo LGBT+ (como reveló un informe reciente, en el país se perpetúa un crimen de odio cada tres días), y en particular el colectivo travesti-trans. Y con ello, la resolución establece un precedente negativo para futuros juicios, extremando al absurdo los requisitos para la utilización de la figura de travesticidio.

Como venimos denunciando desde la Agrupación LGBTI 1969, los crímenes de odio se producen a raíz del odio promovido por las Iglesias que tienen injerencia sobre el Estado y por este, con la reproducción de la violencia, patologización y exclusión hacia nuestras identidades y sexualidades. Los ataques contra la implementación de una educación sexual laica y científica no solo integran este cuadro, sino que lo agravan.

Las agresiones que sufre el colectivo travesti-trans diariamente son parte de un genocidio silenciado por parte del Estado, que condena a este sector a las condiciones más paupérrimas de vida y a la prostitución como única fuente de ingresos. Es en estos contextos donde acontece la mayoría de los crímenes de odio, en gran porcentaje a manos de las fuerzas “de seguridad”.

El caso de Diana es uno entre millones, y el odio sigue vigente de la mano del Estado, las Iglesias, su justicia y su aparato represivo que nos amedrentan y criminalizan. Lo hemos visto también en casos como el de Marian Gómez, que no solo se encuentra procesade desde hace tres años por besarse con su pareja, sino que fue violentada ya desde su detención y llamada “Mariano” a lo largo de todo el juicio, mientras su esposa era tratada como su “amiga”. Lo vimos en el de Higui, a quien la justicia intentó colocar como victimaria por defenderse de una “violación correctiva”, y que fue liberada gracias a la lucha, pese a que continúa procesada.

No es casual que en todos estos casos las víctimas de la persecución estatal formen parte de la población trabajadora. Son episodios reveladores de cómo la justicia burguesa, y el conjunto de los aparatos del Estado, persiguen a nuestra clase y a las diversidades sexuales y de género.

Desde la Agrupacion LGBT+ 1969 rechazamos la eliminación de la figura de travesticidio ejecutada por Casación. La violencia sistemática que sufre la comunidad travesti-trans, que baja desde el Estado y las Iglesias, es más que suficiente para corroborar el odio hacia la identidad de género autopercibida.

Justicia por todes les compañeres criminalizades, asesinades y perseguides. El Estado es responsable. Fue travesticidio.