Días atrás, a un joven de la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás, de 23 años, le impidieron en una clínica -cuyo nombre no se reveló- donar sangre para su papá que estaba a punto de ser operado. Nicolás cumplía con todos los requisitos para poder realizar la donación, pero se lo negaron por el hecho de ser gay, ante lo cual elevó una denuncia ante los ministerios de Salud y de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Aunque es ilegal, gracias a la injerencia de las iglesias en la salud y su alianza con el Estado, muchas clínicas y hospitales todavía mantienen normas donde se excluye y se discrimina a las personas Lgbt+, basándose en prejuicios y estigmas históricos. Según se denunció, el banco de sangre en cuestión declaró seguir los lineamientos de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (Aahitc), en cuya página se menciona que “varones que tengan o hayan tenido relaciones entre hombres” y “mujeres que tengan o hayan tenido pareja sexual hombre que tiene también sexo con hombres” no podrán ser donantes. Se continúa así reforzando la idea patologizante de la década del ’80 de que el HIV es la “enfermedad rosa”, concentrada en hombres homosexuales -una falsedad, ya que de los 5.800 casos de la enfermedad por año en Argentina, una de cada tres personas que han contraído el virus es mujer (Fundación Huésped).

A nivel legal, fue recién en 2015, con la Resolución No. 1507/15 que introdujo modificaciones a la Ley de Sangre, que se quitó de los cuestionarios a los donantes previstos en la misma las preguntas referidas a la orientación sexual -es decir que, hasta esa fecha, esta discriminación estuvo explícitamente respaldada por los sucesivos gobiernos.

Ahora, ante el caso de Nicolás, organismos como el Ministerio de Salud Bonaerense salieron a recordar las prohibiciones legales existentes a estos impedimentos (La Opinión Austral, 27/7). Pero lo cierto es que situaciones como esta se vienen repitiendo desde 2015 y ningún gobierno ha hecho nada para revertirlas. En el día a día, la patologización de nuestras identidades y sexualidades aumenta de la mano del crecimiento de los sectores reaccionarios y las alianzas del Estado con las Iglesias. Con este respaldo es que los sectores oscurantistas se garantizan esta injerencia no solo en sus instituciones de salud sino también en la sanidad pública, e imposibilitan la formación de les trabajadores del sector.

Esta orientación discriminatoria de instituciones ligadas al Estado, incluso -como se ve- en aquellas que aparecen como asociaciones científicas, tiene pasto para crecer entre la población con la ausencia de una Educación Sexual Integral laica y científica que contemple a las diversidades sexuales y de género, lo que favorece que se siga reproduciendo el odio y la patologización. De esta manera, se agrava la situación del colectivo Lgbt+, ya duramente golpeado por la crisis sanitaria y económica.

Estos conceptos antiderechos abonan el mantenimiento del “orden social”, cimentado en la familia heterosexual como forma excluyente de relación. Y resultan, a su turno, un factor de desinformación que lleva a mayores contagios de HIV.

Los impedimentos para donar, además, resultan de especial gravedad en un momento en que la donación de plasma juega un papel de peso en los tratamientos ante la pandemia de coronavirus.

Desde la Agrupación Lgbti 1969, exigimos la inmediata derogación del protocolo homoodiante de la Aahitc que considera a la homosexualidad como “un factor de riesgo”. Seguimos levantando las banderas de la separación de las Iglesias del Estado y la ESI laica y científica, para terminar con la exclusión y la patologización de nuestras identidades y sexualidades, que termina en las peores condiciones, como suicidios o crímenes de odio. El Estado es responsable.