En el último tiempo han tenido lugar una serie de casos que revelan el incumplimiento por parte del Estado de la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012 luego de una lucha histórica del movimiento LGBT+ contra los sectores oscurantistas de las Iglesias.

No solo se trata, como venimos denunciado desde Prensa Obrera, de que no se garantizan los tratamientos de hormonización previstos en esa norma, como parte del ajuste general que tiene lugar sobre la salud.

Existe, a su turno, una política de bloqueo a un derecho clave consagrado en esa ley, que es la posibilidad de consignar en el marcador “sexo” en el DNI (que en el ordenamiento registral existente se utiliza indistintamente como género) una variable de identidad que no coincida con las opciones binarias hombre-mujer (como por ejemplo travesti, transgénero, varón trans), o de no colocar ninguna, estableciendo allí “no declara”.

En febrero de este año se conoció el caso de Lisandro Lombardi, quien logró la primera clasificación registral no binaria en la provincia de Misiones, luego de años de batallas administrativas, militantes y mediáticas. El año anterior le había precedido Shanick Sosa Battisti, que debió presentar un amparo judicial para lograr la registración. Tanto elles como las dos personas registradas de esta manera en 2018 debieron enfrentar largas demoras para recibir su DNI. En el caso de Cy, oriunde de Misiones, señalaba en julio estar viviendo en Berlín sin lograr que le otorguen su documentación rectificada, y sin recibir respuestas por parte del Registro Nacional de las Personas (Renaper) presidido por Santiago Juan Rodríguez (quien, vale señalar, se encuentra actualmente imputado por defraudación de fondos).

Son casos testigos de una situación generalizada, que experimentan quienes quieren realizar el trámite, y que resulta obviamente más compleja cuanto menos recursos se tengan.

La legislación vigente

Si en algo había acuerdo en las discusiones del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género era que una legislación de este tipo no debía definir identidades específicas, como tampoco contener una definición de “sexo” o “género” conforme a las pautas binarias. De allí que la Ley N° 26.743 le impone al Estado y a los agentes no estatales el deber de actuar con debida diligencia para efectivizar los estándares legales que subyacen en el régimen legal de la identidad de género.

El contenido de lo que se declara -en cuanto a los marcadores sexo y nombre- dependerá única y exclusivamente de la persona titular del derecho y las autoridades públicas deberán respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión de género. El derecho a la identidad de género se sustenta en un acto declarativo del sexo registral, que incluye la posibilidad de no declararlo. A su turno, las leyes 17.671 (sobre Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional), 26.413 (del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas) y (del Régimen de Identificación de los Recién Nacidos) no determinan ninguna definición del sexo. Finalmente, el Código Civil y Comercial no determina ningún orden de sexo o de género.

En vistas de todo esto, el accionar de bloqueo contra la registración no binaria -que tiene como principal responsable al Renaper y al Estado nacional, pero también a los registros civiles de cada jurisdicción y a los gobiernos provinciales de los que dependen, así como al poder judicial- no es solamente discriminatorio, sino además claramente ilegal.

Un Estado contra el colectivo LGBT+

Mientras que la ley fue una conquista muy importante arrancada al Estado, este trabaja contra su implementación efectiva. Sucede que el gobierno nacional y los provinciales han reforzado sus vínculos con las iglesias, interesados en su rol de contención de las luchas populares; y en este marco les han brindado mayores recursos para que militen activamente contra los derechos de las mujeres y el colectivo LGBT+ y en defensa de la exclusividad del modelo familiar tradicional. Así como inciden en la educación y en la salud, estos sectores oscurantistas lo hacen sobre la justicia, siendo los bloqueos a la registración no binaria parte de los resultados a la vista.

Esto se suma, como señalamos al comienzo, al incumplimiento del artículo sobre salud integral de la Ley de Identidad de Género, que fue una de las últimas cosas que se reglamentaron y para cuya aplicación nunca se ha otorgado un presupuesto. En el marco del recorte en salud comandado por el FMI, y con la agudización de la crisis pandémica, se han recortado los tratamientos hormonales y los retrovirales para VIH, empujando a la población travesti trans y no binarie que es usuaria del sistema de salud público a la clandestinidad y a las peores condiciones sanitarias.

Se trata de una piedra más sobre la población travesti-trans y no binarie de la clase trabajadora, cuyo destino sigue siendo el de vivir mayoritariamente en la desocupación y en la miseria social.

Asimismo, la Ley de Identidad de Género tampoco se implementa en el ámbito educativo, provocando una gran deserción y abandono de los estudios de las pocas personas travesti trans que, con el apoyo de sus familias, pudieron concluir sus estudios secundarios.

Mientras el gobierno de Alberto Fernández dice que es con “todes”, estamos ante una falsa implementación de la Ley de Identidad de Género y a un reforzamiento del poder de las iglesias. En este cuadro se integra la falta de una Educación Sexual Integral laica y científica, que contribuye a la invisibilización y patologización de las identidades y sexualidades oprimidas, y repercute en la falta de información para que las mismas niñeces o adolescencias puedan descubrir sus sexualidades e identidades.

Y que refuerza su expulsión de los hogares, lo que provoca que estas personas caigan en la marginalidad y en la prostitución a temprana edad como único medio de subsistencia, arriesgando su vida.

Por nuestros derechos

Frente a la crisis y la vulneración de derechos, respondemos con la organización independiente del Estado y todos los gobiernos responsables del ajuste. Hacemos responsables al ministro Del Interior, Eduardo de Pedro, y al Renaper dirigido por Santiago Juan Rodríguez, por esta situación. Exigimos una respuesta frente al rechazo de consignar cualquier identidad autopercibida, o a quienes no desean consignar su género.

Señalamos que la aplicación plena de la ley debe estar acompañada de una ESI completamente por fuera de los esquemas de las Iglesias, ya que no basta solo con leyes, si no derribamos los discursos odiantes y patologizantes que manan de esos sectores oscurantistas.

El Estado debe financiar e implementar verdaderamente la Ley de Identidad de Género para que las personas no binaries y todas las identidades que no se hallan dentro del espectro binario, también puedan acceder al derecho de un DNI acorde a su identidad autopercibida, y que las mismas sean contemplades de esa forma en todos los espacios sin ningún tipo de discriminación.