El pasado miércoles 2 de septiembre finalizaron las condenas de Guillermo y Osvaldo Sosa, padre e hijo respectivamente, quienes pasaron 8 años presos por la violación sistemática de tres hermanxs durante más de 10 años -une de ellxs tres es Marian Gómez, criminalizadx por besar a su esposa en la estación Constitución. Cuando los Sosa recuperaron su libertad, amenazaron a las víctimas con tomar represalias.

Marian, Maira y Loana habían denunciado a Guillermo Sosa y su padre Osvaldo en el año 2012, en la ciudad bonaerense de Olavarría. Luego del beneficio de un juicio abreviado, les hermanes y su madre Celeste fueron informades de que los hombres habían recibido 8 años de condena. En el proceso judicial, el tribunal ponderó la “falta de antecedentes” y “el buen concepto del que serían merecedores entre sus conocidos” al momento de dictar la sentencia. Luego de una lucha intensa, con movilizaciones locales y una campaña de repercusión mediática, lograron en el 2014 que les quitaran el beneficio de la cárcel domiciliaria, que luego sería otorgado nuevamente para Osvaldo Sosa.

Actualmente, Marian Gómez denuncia públicamente las altas posibilidades de una reincidencia de los Sosa a cometer nuevos actos de violencia a partir de su liberación, ya que las pericias llevadas adelante por la jueza dejan en evidencia este peligro. Además Guillermo Sosa se niega a recibir asistencia psicológica por fuera del penal. Ante el peligro de esta reincidencia, las víctimas denuncian que no han recibido respuesta alguna de ningún organismo a su pedido de protección frente a las amenazas recibidas.

Casos como este son moneda corriente en la ciudad de Olavarría. En el año 2019 más de 150 vecines se movilizaron para presionar por el avance de las causas de más de 50 hombres procesados por abuso sexual y pedofilia. Mientras tanto, el municipio hace demagogia con la aprobación de la Emergencia en violencia de género, pero desprotege a las víctimas apoyándose en el poder judicial. El Estado nuevamente aparece como promotor de estas violencias y el principal responsable. Además, el sistema penitenciario no funciona como un espacio de modificación de comportamientos violentos: las condiciones de vida en los penales y la falta de atención a la salud mental van de la mano con el abandono total de los reclusos. También las mafias funcionan dentro de los recintos, amparadas por los funcionarios. En este cuadro es difícil que se de cualquier cambio positivo hacia una reinserción social.

La misma justicia que pone en riesgo la vida de las víctimas y vehiculiza posibles nuevas situaciones de violencia perpetradas por los Sosa mantiene a Marian con una pena de un año de prisión en suspenso por besarse con su esposa Rocío Girat en el Día del Orgullo LGBT+ -una sentencia dicatada el mismo día en que se absolvía a un pedófilo en los Tribunales.

La historia del caso de los Sosa es una muestra más de cómo el poder judicial y las instituciones estatales que intervienen en estos casos actúan en favor de seguir beneficiando a los victimarios, como una herramienta más del Estado para sostener una situación de desprotección y revictimización para les niñes, mujeres, y diversidades sexuales y de género violentades. Los fallos judiciales son utilizados como forma de aleccionamiento hacia el conjunto de la clase trabajadora, generando un clima de impunidad para los violentos, que solo puede ser revertido o torcido por la organización y la movilización popular.

Desde la Agrupación 1969 y el Partido Obrero exigimos que el Estado garantice la inmediata protección de Marian, Maria y Loana. Asimismo, el seguimiento y tratamiento psicológico obligatorio de los victimarios, y el acceso a la información sobre estos informes a las víctimas. Hacemos responsable al Estado y particularmente al intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, por la integridad de les hermanes.

Absolución para Marian Gómez. Frente a los fallos aberrantes del poder judicial, elección popular y revocabilidad de jueces y fiscales.