Estos últimos días fue noticia en todos los medios el caso de Sergia, una trabajadora de la AFIP salteña a quien los medios acusan de haber hecho uso de la ley de identidad de género para obtener una jubilación temprana. La noticia trascendió rápidamente de los medios locales a los nacionales, en todos los medios y programas se le dedicó al menos un bloque para hablar del tema, esta masificación terminó develando el operativo detrás de esta noticia.

Rápidamente voceros del gobierno salieron a hablar en los medios sobre un supuesto vacío legal en la ley de identidad de género que permitiría un abuso de ella, esto se trata de un ataque directo a una de las mayores libertades democráticas conquistadas por la comunidad trans y travesti como lo es el derecho a la autopercepción de la identidad.

Ley de identidad de género               

Nuestra ley es una ley de avanzada en el mundo entero, ya que gracias a la gran lucha que se dio para conseguirla no patologiza ni psiquiatriza a las personas que quieren acceder a su cambio de género. En otros países las leyes de identidad de género obligan a las personas trans a realizar tratamientos psicológicos, hormonales o hasta intervenciones quirúrgicas para poder acceder a su identidad autopercibida; a diferencia de esto en nuestro país siendo mayor de 18 años solo basta la declaración jurada y el pedido de cambio de identidad de género y siendo menor el apoyo del mayor responsable.           

A Sergia se la acusa de "abusar" de esta ley por continuar en pareja con una mujer, negando a las femineidades trans lesbianas y la separación de la identidad de género con la sexualidad, y por no realizar un tratamiento hormonal y quirúrgico, negando a las compañeras que optan por mantener su corporalidad sin adaptarla a un modelo de femineidad con el que no se identifican.

Este ataque a la ley de identidad de género no comenzó con Sergia, hay ya 20 casos en la provincia de  Buenos Aires en que el gobierno de Vidal le niega el derecho a la identidad autopercibida a menores que se presentaron acompañados/as con su familia para realizar el pedido.

Otro ataque a esta ley se da en el plan de salud integral trans que está incluido en su articulado. El kirchnerismo tardó 4 años luego de aprobada la ley en implementarlo, al realizarlo fue en pocos hospitales del país y actualmente se encuentra directamente sin presupuesto.

Operativo político

La noticia de Sergia ¿casualmente? también les vino como anillo al dedo a los voceros del gobierno para re instalar el debate de un ajuste que les quedó pendiente, el intento de llevar la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 70 años.

Otra arista de este operativo es el intento de enfrentar a los/as jubilados/as y trabajadores/as contra la población trans y travesti dando a entender que la ley de identidad de género le provoca un costo a la clase trabajadora, enfrentando nuevamente a los sectores más oprimidos entre sí, como sucede con el ataque a la comunidad migrante de nuestro país, en un intento de desviar el eje sobre el ajuste que están llevando adelante Macri y los gobernadores. Por el contrario, la ley de identidad de género se encuentra al día de hoy completamente desfinanciada y sin presupuesto, mientras se le otorgan millones de pesos a la iglesia y se le otorgan beneficios millonarios a las patronales.

De lo que no hablan, por supuesto, los voceros del gobierno cuando hablan sobre Sergia, es del genocidio silenciado que sufre la comunidad trans y travesti en nuestro país. La realidad es que la mayoría son expulsadas de sus hogares a muy temprana edad, entre los 10 y 12 años, y ya desde esa temprana edad son excluidas del sistema de educación y del acceso a una salud pública. En situación de calle, sin vivienda, la mayoría encuentra como única salida la prostitución. Esto sumado a la persecución impulsada desde el Estado y la Iglesia da como resultado una expectativa de vida de 35 años, la expresión más cruda de esto son los travesticidios y transfemicidios, que a diferencia del caso de Sergia, son ignorados en los medios y ya llevan 20 en lo que va del 2018.         

Aparte de su baja expectativa de vida, se continúa sin implementar la ley de cupo laboral trans de la provincia de Buenos Aires, y se cajonea el proyecto presentado en el congreso nacional, a las personas trans y travestis se les vuelve casi imposible acceder a un trabajo en blanco con aportes. Plantear que las jubilaciones de las personas trans podrían desfinanciar a la ANSES es una ridiculez que intenta tapar la realidad trágica de esta comunidad.

Mientras tanto, Sergia, la protagonista de la noticia, salió abiertamente a denunciar que ella comenzó los trámites por su identidad autopercibida, no por una jubilación, y que no fue ella quien hizo pública esta información. Por lo tanto para la frutilla del postre el gobierno en su operativo viola a la misma ley de identidad de género al exponer la identidad de una persona que debería ser confidencial.

Este operativo debe ser denunciado y repudiado, llamamos al conjunto de la diversidad sexual y de género a estar alerta frente a este ataque. ¡La ley de identidad de género no se toca! ¡Abajo la represión y persecución a nuestra comunidad! ¡Inclusión laboral trans ya!