El día martes 15 de diciembre, el gobierno conservador de Hungría aprobó una modificación constitucional que altera el concepto de familia, limitando con ello la posibilidad de las parejas de un mismo sexo de adoptar. Esta enmienda indica que la familia debe sostenerse sobre la base del matrimonio y la relación entre padres e hijos, y agrega textualmente que “la madre es una mujer y el padre un hombre”.

Al mismo tiempo, exige que les niñes sean identificados con su género biológico de nacimiento y criados bajo el manto de la tradición cristiana, que cercena las libertades sexuales y de género.

“Hungría asegura la crianza basada en la identidad constitucional de nuestra nación, y los valores basados en nuestra cultura cristiana”, prosigue.

Una larga trayectoria de políticas de exclusión y discriminación a la comunidad LGBTI+

Las enmiendas votadas indican que a partir de esta nueva legislación la adopción solo puede realizarse por personas casadas. La traducción de esto es que solo pueden adoptar parejas heterosexuales, ya que la Constitución en vigor desde el 2011 (impulsada por la misma alianza gobernante) prohíbe el matrimonio igualitario.

Hasta ahora, las personas solteras podían adoptar, vía por la cual parejas de un mismo sexo accedían a este derecho, haciendo la solicitud solo un miembro de la pareja. De acuerdo con la nueva ley, solo personas casadas podrán acceder a la adopción y las excepciones en personas solteras deben obtener una aprobación del Ministerio de Asuntos Familiares, actualmente a cargo de la ultraconservadora Katalin Novak, defensora del modelo familiar tradicional y quien textualmente defendió, por ejemplo, que “las mujeres no deben salir a pelear por obtener derechos, salarios o puestos laborales iguales a los de los hombres”.

La legislación aprobada el martes se da en el marco de choques dentro del gobierno producto del escándalo de Józef Szájer, diputado ultraconservador, integrante del bloque gobernante y en su momento parte de la redacción de la Constitución del 2011, quien debió renunciar días atrás luego de ser encontrado en medio de las restricciones contra el covid en una orgía gay en Bruselas.

El representante de esta misma fuerza política -el partido nacionalista Fidesz- y primer ministro, Victor Orban, fue quien impulsó las modificaciones votadas y explicó el cambio señalando que “los nuevos procesos ideológicos en Occidente hicieron necesario proteger a los niños contra posibles interferencias ideológicas o biológicas”.

Sin embargo, la nueva resolución es parte de una larga ruta que vienen trazando las políticas de exclusión a la comunidad LGBTI+ en Hungría, las cuales se profundizaron desde el 2010 con el ascenso del partido gobernante, de carácter autoritario y ultraconservador, desempeñando hoy su tercer mandato.

En los últimos años hubo distintos decretos y leyes encaminadas a disminuir progresivamente derechos a las personas con sexualidad o géneros diversos; en 2018, por ejemplo, un decreto presidencial prohibió a las universidades impartir cursos sobre estudios de género. A principios de este año, se prohibió el cambio de género en los documentos personales, lo cual no solo priva al individuo del reconocimiento legal de su identidad autopercibida, sino que pone en riesgo la salud de miles de personas trans que tienen que acceder a tratamientos hormonales para ello. Por otro lado, se prohibieron “las batallas ideológicas” en los libros para niñes que muestran la diversidad de manera positiva.

Lo mismo se reproduce permanentemente entre los discursos de quienes están a cargo de estas legislaciones. Orban es conocido por frases como que “los homosexuales deberían dejar a nuestros hijos en paz”; posiciones compartidas por otros miembros de su gabinete, como el portavoz del gobierno Zoltan Kovacs, quien planteo que la nueva legislación protege a las familias garantizando el “desarrollo sin perturbaciones” de les niñes.

Según un informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) de mayo de este año, la situación de este colectivo en Hungría ha empeorado considerablemente y se sitúa en el puesto 27 entre 49 países europeos. Los grupos defensores de Derechos Humanos, organizaciones feministas y activistas LGBTI+ han denunciado las políticas del gobierno húngaro por poner en riesgo a la población LGBTI+, especialmente a las personas trans; pero sus voces no han podido frenar las iniciativas de Orban, quien cuenta con una mayoría aplastante en el Congreso y un favoritismo en la prensa oficial.

En distintos países, los sectores más retrógrados de la sociedad -en una clara alianza intrínseca de los gobiernos y las iglesias- intentan obstaculizar las libertades sexuales y de género, como así también frenar los avances en materia de derechos del movimiento de mujeres y diversidades. La avanzada más general de los antiderechos contra los movimientos de mujeres y diversidades se expresa también en la Argentina, con la campaña de la Iglesia que encuentra aliados políticos en el gobierno y la oposición derechista para frenar la aprobación en el Senado del derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, y por el cual debemos movilizarnos masivamente el próximo martes 29 para arrancar la sanción definitiva.

Frente a estos sectores oscurantistas y eclesiásticos que operan desde las vísceras del poder político y que intentan avanzar sobre nuestros derechos y libertades, se hace necesaria la movilización y la organización de la comunidad LGBTI+ de Hungría como el único camino para derrotarlos. Este es el ejemplo del que tienen que valerse los movimientos de mujeres y diversidades en todos los países contra los ataques a nuestros derechos y nuestras conquistas, y para arrancar todas las que faltan.

 

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