El 17 de septiembre de 2020 se aprobó la media sanción de cupo laboral travesti trans en la Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos. Este proyecto sigue los mismos ejes que el decreto nacional sancionado por Alberto Fernández, contemplando que un piso de un 1% de lxs trabajadores del Estado provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado deberán ser ocupados por “personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo”. Para ello, se habilitarían capacitaciones para les contratades.

La iniciativa también plantea la creación de un “Registro Único de Aspirantes” para “facilitar la incorporación laboral”. E incorpora a su vez un “régimen de Incentivo fiscal” para que empresarios del sector privado sean motivados por exenciones impositivas a contratar a personas travestis, transexuales y transgénero. Sin embargo, a pesar de que otorga beneficios de esta índole a les empresaries, no establece en qué condiciones deben ser contratades les empleades, exponiendo nuevamente a un sector social hiper vulnerado a los contratos basura y más precarización laboral. También es lícito remarcar que los cupos que hoy existen en el resto de las provincias y municipios, a pesar de haber sido aprobados, nunca fueron reglamentados.

Para el movimiento LGBTI, es un momento de reforzar la lucha por este reclamo, para que se apruebe en la Cámara de Diputados, pero también para garantizar su implementación.

Resultado de la lucha

El cupo decretado a nivel nacional -aún no reglamentado-, así como los aprobados en algunas provincias y municipios, no son regalo de ningún gobierno; se trata de conquistas del movimiento LGBTI, que colocó tenazmente la demanda en las calles.

A pesar de que el Ejecutivo entrerriano del lobby agrario y antiobrero del PJ, que tiene mayoría en ambas cámaras, quiere presentar esta media sanción como un logro propio y del Ejecutivo nacional, la lucha por el cupo laboral en la provincia de Entre Ríos viene de años. Fue fruto de la misma que se consiguió la aprobación de una ley en ese sentido en la capital provincial, Paraná, en el año 2019; cuya implementación bordea sin embargo lo rídiculo: ese mismo año cinco mujeres y un varón trans, cuyos contratos no se habían renovado, presentaron un amparo al haber sido despedides de la municipalidad, y el propio gobierno batalló contra la resolución judicial que ordenaba su recontratación.

Los gobiernos nacional y provincial hacen demagogia con normativas de cupo y otras relativas a los derechos que corresponden a la comunidad LGBT, pero después no garantizan su cumplimiento ni avanzan en mejorar la calidad de vida de la población travesti-trans, como podría ser a través de un plan de vivienda o de trabajo genuino.

Demagogia y realidad

De conjunto, el Estado capitalista es el principal responsable de la vulneración de los derechos de las diversidades sexuales y de género, como se observa en la situación de miseria a la que es condenado el colectivo travesti-trans, en la continuidad de los crímenes de odio y en los atropellos judiciales y policiales.

No nos podemos olvidar que, en esta misma provincia, en 2018 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná decidió condenar a Joe Lemonge, un varón trans, por considerarlo un “autor material de homicidio en grado tentativa” con una pena de cinco años y seis meses de prisión. Ello por defenderse del ataque de dos hombres en su casa. En la audiencia no se respetó en ningún momento su identidad y fue tratado con pronombres femeninos; el mismo gobierno que se adjudica el avance del cupo en el Senado es el que no garantiza la implementación de la Ley de Identidad de Género en los propios organismos del Estado, ni avanzó en la investigación de sus atacantes ni de las personas que prendieron fuego su casa.

A su turno, el avance de la miseria en la provincia ha llevado a más de 300 personas travestis y trans a inscribirse en el Plan Potenciar Trabajo, que los gobiernos municipales y provinciales utilizan como un programa precarizador, ofreciendo solo $8.500 a cambio de contraprestaciones laborales en pésimas condiciones. Sobre estas personas, no hay ni un solo apartado de su incorporación automática al cupo laboral trans. Desde la Agrupación LGBTI 1969 exigimos trabajo digno y no estos planes que, al igual que el IFE, tardan mucho tiempo en implementarse y son más que insuficientes para poder costear la canasta básica.

Tras la media sanción de cupo laboral travesti trans en Entre Ríos a nivel provincial, exigimos su rápida aprobación y real implementación, con trabajo registrado y bajo convenio, de la mano del pase a planta de todes les estatales y la incorporación de todes les inscriptes a programas sociales a los listados provinciales de cupo laboral.