Este 10 de febrero a las 11 horas vía Zoom se dará lugar a la audiencia de apelación de la sentencia de 2019 que condenó a Marian Gómez a un año de prisión en suspenso por besar a su compañera Rocío.

A través de una intensa lucha y presión del movimiento LGBTI+ en los Tribunales se ha logrado visibilizar el caso a gran nivel nacional e internacional, y es un hecho que ha puesto de manifiesto cómo funcionan las fuerzas represivas y el poder judicial, además de ser un claro reflejo de la persecución que sufrimos quienes rompemos con la norma capitalista.

La violencia estatal en el caso estuvo desde el primer minuto de detención, donde la policía exigía credencial de casamiento. En las audiencias previas, se identificó a Rocío como su amiga y no como su esposa, y a Marian como “Mariano” sin respetar su identidad de género y su nombre autopercibido, violando así la Ley de Identidad de Género, sumado a la violencia física y verbal que sufrió Marian al estar en un calabozo el día que le llevaron detenide en Constitución.

Fue a partir del caso de Marian Gomez que Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del gobierno de Macri, impuso un protocolo de detención para personas LGBT+, diagramando así un tipo de detención particular a nuestro colectivo, históricamente perseguido por el Estado. Si bien a través de la lucha logramos derogarlo, los crímenes de odio y la persecución a nuestras identidades y sexualidades siguen aumentando. Y que, al día de hoy, la justicia siga absolviendo pedófilos y criminalizando a Marian Gómez, no es menor.

De gobierno en gobierno, la opresión a la libre elección de nuestras sexualidades e identidades se agudizó por las mismas alianzas de los gobiernos con las Iglesias católicas y evangélicas que atentan contra la ESI laica y científica para mantener el “orden capitalista” y defender la familia monogámica cisheterosexual como única forma de relación.

Aunque Alberto Fernández muestre su carta más progre y suba fotos de Marian Gómez a sus redes sociales, no basta. Mientras tanto, sostienen a un represor como Sergio Berni, responsable de la muerte de Facundo Castro y quien publicita spots en la televisión colocando a la comunidad travesti trans como narcotraficantes.

Los peores meses acechan a Marian, ya que al tener “antecedentes penales” se imposibilita acceder a un trabajo en relación de dependencia, mientras que el colectivo LGBTI+ es uno de los sectores más golpeados por la crisis y la pandemia.

A finales de diciembre, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se comunicó con Marian Gómez para manifestarle que comenzaría a trabajar a través del “cupo laboral travesti trans” sin dar mucho detalle. Sin embargo, este mes, se le notificó que el Estado no puede contratar personas con antecedentes penales y que solo podrán hacerlo en caso de que realice una apelación y sea absuelte.

La gran mayoría de las personas trans, travestis, transgénero y no binaries tienen antedecentes de algún tipo, sea por estar en situación de prostitución, o mulas de droga por la misma marginalidad en la que viven y la persecución que sufren diariamente, lo que impide que puedan acceder a la planta estatal.

El Estado intenta cooptar a les luchadores a sus filas y su vez aplica a cuentagotas un cupo laboral que no contempla que las grandes mayorías de personas trans tienen antecedentes penales, resultando como única posibilidad para muches garantizar su subsistencia a través de un puesto en el Estado. Es el caso de Luz Aimé, contratada luego de su absolución en el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, para Marian y muches otres muestra su peor cara, condenándoles a la miseria y dejando ver que es el primer enemigo para una mayoría social trabajadora.

Así, el caso de Marian Gomez pinta de cuerpo entero a un régimen social y sus gobiernos que utilizan todas sus herramientas, desde el poder judicial y las fuerzas de seguridad hasta a la reglamentación en el ámbito laboral, para discriminar, perseguir y marginar a toda la población LGBT+ trabajadora.

Vamos por la absolución de Marian y todes les perseguides por el Estado.