05/03/2021

Este 7 y 8 de marzo a las calles contra el ajuste y los crímenes de odio

El asesinato de Pepa Gaitan de 27 años realizado por el padrastro de su novia, quien se oponía a la relación entre ellas, ocurrió un 7 de marzo en la puerta de su casa del barrio Parque Liceo 2, provincia de Córdoba. Llegados los policías a la escena del crimen con Pepa agonizando, estos le negaron el traslado al hospital más cercano haciendo que no recibiera la atención necesaria de sus heridas en el momento adecuado. En su memoria se conmemora el Día de la visibilidad lésbica, con el objetivo de denunciar las violencias que atraviesa parte de la comunidad LGBTI+.

En lo que va del gobierno de Alberto Fernández las condiciones materiales de vida de la población LGBTI+ no han mejorado ni un ápice. Mientras el Gobierno de Alberto Fernández y el Ministerio de Mujeres y Diversidades se embarca en hacer demagogia con las mujeres y personas LGBTI+ por un lado, por el otro pactan con el FMI un ajuste brutal para les trabajadores y empoderan a las fuerzas represivas. El rescate de la deuda externa implica menor presupuesto para la implementación de políticas que den una salida real al aumento de femicidios y trans travesticidios, que aumenta acorde a la descomposición social y la crisis, y va seguir agravando la situación de miseria que se vive en los barrios obreros.

La violencia sistemática hacia las mujeres y diversidades en este régimen social se profundiza mientras avanza la descomposición, como lo confirma el caso de la activista lesbiana Verónica Dessio, asesinada por su exmujer. La solución por parte del Estado hacia esta problemática es una insuficiente ayuda de $20.000 por seis meses (cuando la canasta básica alimenticia es de $23.700). De ninguna manera esta medida aporta una solución de ningún tipo al grave problema de la violencia hacia las mujeres y diversidades sexuales y de género. Como sucedió con Úrsula Bahillo, donde la policía desestima las denuncias, también sucede con las personas LGBTI que denuncian a sus parejas violentes.

La impunidad es garantizada por la justicia burguesa y las fuerzas represivas del Estado, que son el brazo ejecutor de la persecución hacia las identidades sexuales diversas. Los casos de Pepa, Marian Gómez y Eva Analía De Jesús “Higui” son ejemplos de cómo actúa el Estado a la hora de perseguir a las diversidades sexuales y de género. Frente a los crímenes de odio, las iglesias y el Estado son responsable ya que el mismo promueve la violencia hacia las diversidades sexuales y de género permitiendo la injerencia de las Iglesias que niegan el derecho a una ESI laica y científica en pos mantener un modelo familiar donde se impone el autoritarismo, el sometimiento y la heteronorma como mandato de disciplinamiento, castigando las expresiones sexogenéricas distintas a la heterosexualidad y perpetuando la discriminación.

Durante la pandemia, las fuerzas de seguridad se hicieron presentes reprimiendo a la comunidad LGBTI, especialmente la comunidad travesti trans que no pudo realizar aislamiento preventivo por no tener las condiciones mínimas de vida garantizadas, ya que el Estado le niega la posibilidad de acceder a la salud (como lo demostró el faltante de hormonas durante 2019 y 2020), a la vivienda y a un trabajo genuino. Mientras tanto, el decreto de cupo trans dictado por Alberto Fernández sigue sin implementarse a seis meses de haber sido firmado, desentendiendo la situación urgente de la población trans condenada a sobrevivir de la prostitución como única salida.

Solo luchando en las calles podemos hacerle frente a este régimen social que nos persigue por nuestras identidades sexuales y de género. Desde la agrupación LGBTI+ 1969 llamamos al conjunto del movimiento a salir a luchar el 7 y 8 de marzo. Copemos la Plaza de Mayo y todas las plazas del país para exigir basta de crímenes de odio y de trans-travesticidios. Abajo la criminalización y persecución a las diversidades sexuales y de género: absolución de Marian Gómez y de Higui. No al pago de la deuda externa, presupuesto para la salud de las personas trans con producción nacional de medicamentos para tratamientos hormonales. Vamos por nuestras reivindicaciones con independencia política del Estado y de los partidos patronales.