Estos últimos días salió a la luz una serie de testimonios que dan cuenta del accionar violento, oscurantista y discriminatorio de una red de instituciones educativas pertenecientes a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta). Exestudiantes de estos colegios relatan abusos sexuales por parte del personal, la promoción de un accionar discriminatorio, el contenido misógino y odiante hacia las diversidades sexuales y de género que se dicta en sus aulas. La historia de Fasta es una muestra más de los profundos lazos que han tendido con el Estado las Iglesias Católica y, sobre todo en el último tiempo, Evangelistas.

Fasta surge como una “milicia juvenil” en el año 1962, bajo la tutela del cura Aníbal Ernesto Fosbery, con la “misión” de evangelizar y predicar los valores católicos en la sociedad. Luego de fundar su primera institución en 1975 en la provincia de Tucumán, este grupo católico integrista (fundamentalista) ha crecido gracias a subsidios del Estado hasta llegar a tener 23 colegios, una universidad con dos sedes, una editorial de libros educativos y dos fundaciones en Rosario y Tucumán. Estas últimas funcionan como centros de asistencialismo, en base a la tercerización de la asistencia estatal. Es una demostración del profundo interés que tienen el propio Estado y los gobiernos en el sostenimiento ideológico del imaginario social sobre la estructura del núcleo familiar patriarcal capitalista.

El pasado 1° de junio el Inadi presentó una denuncia para “investigar” los maltratos denunciados en la red de colegios Fasta. A su vez la legisladora porteña del Frente de todos, Ofelia Fernández, presentó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad a “investigar en profundidad sobre los acontecimientos y prácticas denunciadas”. Pero en el campo oficial nadie dice una palabra sobre la necesidad de dejar de financiarla.

Mientras se subsidia a instituciones oscurantistas como Fasta, se desfinancia serialmente la Ley de Identidad de Género, la cual ni siquiera se aplica en las propias instituciones públicas. Como resultado, en estos ocho años desde su sanción la situación del colectivo travesti-trans y del conjunto de las diversidades de género ha empeorado, junto con el agravamiento de la crisis económica y de la pauperización de las condiciones de vida de la clase obrera. A pesar de toda la demagogia que se hace sobre el tema, han aumentado las tasas de crímenes de odio en el país -resultado final de una cadena de violencias que va desde la deserción escolar a la falta de empleo genuino y la expulsión del sistema de salud-, mientras que el faltante de hormonas lleva a la interrupción de decenas de tratamientos, lo que puede tener consecuencias mortales. Los gobernantes se vanaglorian de que Argentina es uno de los países más avanzados en materia legislativa en cuanto al colectivo LGTBI+, pero nuestra realidad material desmiente cualquier tipo de mejora real.

El sostenimiento de miles de fundaciones y ONGs oscurantistas, y sobre todo el financiamiento estatal de los colegios confesionales, evidencia que el Estado capitalista es un enemigo natural del movimiento de mujeres y las diversidades sexuales y de género porque actúa como sostén de estructura social de la familia como unidad de reproducción de relaciones de opresión.

Exigimos justicia por todes les niñes violentades y una investigación independiente de los abusos y torturas realizados en las instituciones de Fasta.

Este caso pone una vez más de manifiesto la necesidad de la organización independiente del Estado para luchar por la real implementación de educación sexual laica y científica, obligatoria en todas las instituciones educativas públicas y privadas y contemplativa de las diversidades sexuales y de género; por la aplicación inmediata de la Ley de Identidad de Género; por la separación de las Iglesias y el Estado.