Esta semana el lobby político no está de cuarentena. Entre la flexibilización de la misma y el crecimiento de los contagios por el Covid-19, Alberto Fernández y su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, resolvieron incluir a la prostitución dentro del monotributo social para la economía popular.

Esto revivió el debate, para nada saldado, sobre el abolicionismo y el regulacionismo de la prostitución en Argentina. Y con él los posicionamientos de figuras políticas, distintos personajes mediáticos y, por supuesto, agrupaciones y federaciones.

En ese sentido, desde la agrupación Lgbti 1969 del Partido Obrero alertamos sobre la postura que tomó la Federación Argentina Lgbt (Falgbt), posicionándose a favor del regulacionismo y (aún peor) poniendo en una misma línea a quienes defienden la abolición de la prostitución con los antiderechos que niegan el aborto legal y la identidad de género, la Iglesia y hasta la misma policía.

Está claro que esta comparación denota una desviación política importante. La Falgbt agrega el típico discurso, sostenido varias veces por la representante de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar), Georgina Orellano, de que en el capitalismo todos los trabajos esconden explotación,  y por ello daría lo mismo ser prostituta que -por ejemplo- albañil o empleada doméstica, afirmando que nadie elegiría dichas profesiones “para sus hijes”. El argumento, que posa de antisistema, es por el contrario un llamado a la resignación ante toda explotación capitalista -la propia Orellano sostuvo en una charla reciente que quienes están en situación de prostitución no tienen por qué luchar contra el capitalismo, y apoya ella misma al gobierno indiscutidamente capitalista de Alberto Fernández-, al tiempo que banaliza la barbarie que representa la prostitución. Algo que se ve, entre otros elementos, en el accionar de las redes de trata y en los elevadísimos índices de estrés postraumático que se registran entre quienes ejercen o han ejercido la prostitución (en algunos casos, superiores a los de veteranos de guerra).

Lo cierto es que si dentro de una sociedad capitalista siempre hay un patrón que explota la fuerza de trabajo de su empleado todo lo que puede, es ingenuo pensar que no ocurriría lo mismo con la prostitución. Países como Alemania y Holanda, donde fue legalizada, son un claro ejemplo de cómo la prostitución beneficia a proxenetas y al mismo Estado que se beneficia de sus ingresos, mientras que empeoran cada vez más las condiciones de quienes la ejercen.

En la resolución del Ministerio de Desarrollo Social que la Falgbt apoya, se utiliza el eufemismo de “trabajo sexual”, cuando lo cierto es que la gran cantidad de compañeras travesti-trans en situación de prostitución sufren la falta de un cupo laboral trans (ya sea porque no ha sido legislada o porque no se aplican las legislaciones en este sentido), mientras les son negados derechos básicos de existencia como el acceso a la salud y educación, viéndose condenadas a una expectativa de vida de 35 años. La Falgbt se ha ausentado en los hechos del reclamo de este cupo, dando la espalda a una exigencia sentida del movimiento.

Este documento termina de maquillar la trata de personas, los travesticidios-transfemicidios y las violaciones a miles de compañeras. Embellece a un Estado que busca lavarse las manos de su responsabilidad, cuando es este Estado el que lleva a las compañeras travesti-trans a condiciones de vidas precarias, para luego empujarlas a la prostitución y condenarlas por ello.

Sin querer ahondar en un extenso debate sobre la mercantilización de los cuerpos, sostenemos que la regulación por parte del Estado no mejorará las condiciones de vida de las compañeras en situación de prostitución, en la medida en que es la necesidad económica la causa que con mayor frecuencia las empuja a la misma. Tenemos muy presente los límites que el mismo Estado tiene a la hora de proteger a las mujeres, y sobre todo a las mujeres trans, teniendo en cuenta que es el mismo quien encubre las redes de trata y la miseria de las personas que ejercen la prostitución, violentándolas frecuentemente con las fuerzas de seguridad -a quienes deben entregar parte de sus ingresos para que las dejen en paz.

Entendemos que el proclamado “derecho individual de ejercer la prostitución” no puede estar por encima del derecho colectivo, como se ve en la mayor parte de la comunidad travesti trans. Nuestro planteo como agrupación Lgbti 1969, dentro del Partido Obrero, es simple: que tengan acceso a un bono de 30 mil pesos por desocupación, implementación de cupo laboral travesti-trans, desmantelamiento las redes de trata, ESI laica y científica, real implementación de la Ley de Identidad de género, y separación de la Iglesia del Estado, mientras luchamos contra todo tipo de opresión y por el fin del sistema capitalista y la abolición del trabajo asalariado.