Este martes en Río Gallegos se convocó una movilización de unas 300 personas frente a la jefatura de policía para repudiar el abuso policial que sufrió un joven de la ciudad, Javier Astorga, quien mediante un audio que envió a las organizaciones de mujeres realizó la denuncia de la violencia con la que la policía actuó contra su persona y las humillantes amenazas homófobas que le propinaron en la comisaría 6°. Más tarde la denuncia se viralizó y se dio a conocer en los medios de comunicación.

La denuncia provocó un rechazo generalizado de la sociedad que se sintió en las redes sociales, y se demostró en la calle con centenares de personas que se acercaron a dar su apoyo a Javier y a repudiar los hechos. En horas se convocó la movilización más grande desde el inicio de la cuarentena. Se destacó la presencia de la juventud con pancartas que reclamaban “queremos a los efectivo fuera de las fuerzas” y “justicia por Javi”.

La presencia de Javier en la convocatoria y en el acto que se realizó, conmovió a las personas que estuvieron presentes y le acercaron su apoyo con afecto y el compromiso de seguir en el proceso de lucha por justicia.

Desde el Ministerio de Seguridad publicaron un comunicado en el que rechazan el accionar de los policías y afirman que iniciarían sumarios a todos los efectivos involucrados. Lo paradójico del comunicado es que en el mismo hacen alusión a que el Ministerio de Seguridad en conjunto con la policía está trabajando para capacitar al personal en “garantías constitucionales, temática de género y la ley Micaela” para que estas cosas no sucedan. ¿Acaso la policía de santa cruz no sabe que torturar personas es una violación a los derechos humanos?

La cantidad de denuncias que se están conociendo por estas horas en la provincia pintan de cuerpo entero al gobierno y su aparato represivo. La violencia y homofobia del aparato policial no responden al comportamiento de algunos sujetos a los que “se les va la mano”, sino a que su formación, esencialmente, es la de disciplinar e imponer el miedo al otro, al diferente.

El gobierno provincial dispuso para Javier al Inadi y a DD.HH., que activaron protocolos pero no han salido a repudiar públicamente en ningún lado la violencia que sufrió ni a pedir la destitución de los responsables.

El gobierno kirchnerista es responsable de la policía de la provincia de Santa Cruz y ha garantizado la impunidad y la libertad de sus policías para accionar, de esta manera, contra los trabajadores y los más vulnerables en sus 30 años de gobierno.

Desde el Plenario de Trabajadoras, llamamos al movimiento de mujeres a mantener la organización independiente del poder político y de las instituciones que violentan y revictimizan, a plantear la lucha por un consejo autónomo de mujeres y disidencias con presupuesto propio para enfrentar integralmente la violencia a la que somos sometidas.

Basta de impunidad.

Vamos por la destitución y condena penal de los torturadores, por la responsabilidad directa del comisario  y del médico policial.

Por  el control civil y de los derechos humanos independiente del Estado sobre todos los detenidos y su trato en comisarías, alcaldías y cárceles.