A siete años de aprobada la ley 26.743, de Identidad de Género, la realidad de las personas trans-travestis en nuestro país continúa siendo alarmante. Las crónicas sobre crímenes de odio que de tanto en tanto emiten los medios de comunicación, con tintes policiales, son insuficientes para descifrar por qué el promedio de vida de esta comunidad llega apenas a los 35 años.

A la luz de esta realidad, el lema “Ni una menos-El Estado es responsable”, unido al reclamo de “Inclusión laboral trans”, se erigió para las mujeres y disidencias sexuales como un grito de lucha contra la violencia de género, pero también contra lo que constituye un genocidio silencioso de la comunidad trans.

A pesar de haber conquistado el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, los censos nacionales y provinciales, como tantos otros derechos, aún responden binariamente en materia de géneros.

El Indec-Inadi, en 2012, con el objetivo de subsanar la falta de estadísticas oficiales en cuanto a la comunidad trans, por primera vez realizó una prueba piloto de lo que sería un censo que incluyera a todes¹, en el partido bonaerense de La Matanza. Los resultados arrojados en cuanto al deficitario acceso a salud, educación y mercado laboral todavía no obtienen satisfacción.

Hace poco, el Gobierno de Córdoba lanzó, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un relevamiento en el territorio provincial.

Se trata de un anuncio demagógico, en una provincia que se encuentra muy atrás en materia de inclusión, si advertimos que ni siquiera adhirió a la Ley Nacional de Identidad de Género y que sólo el hospital Rawson cuenta con un área para la atención sanitaria y la readecuación sexual, de acuerdo con la identidad de género autopercibida. El dato no es menor, pues según lo informado por el Registro Civil de las Personas, solicitaron el cambio de identidad en la provincia unas 1.044 personas trans.

Además, según las investigaciones y las estadísticas realizadas por diversas organizaciones no gubernamentales a nivel nacional, el 90 por ciento del colectivo trans –conformado por entre siete mil y 10 mil personas en todo el país– se encuentra por fuera del mercado formal y vive en la pobreza, mientras que el 80 por ciento ejerce la prostitución en situaciones de extrema marginalización.

Un 75 por ciento vive de la prostitución desde una edad inferior a los 18 años; y el sida, la silicona industrial, las adicciones y los travesticidios constituyen las principales causas de muerte.

La exclusión social comienza temprano en las instituciones educativas, desde la infancia y la adolescencia, donde la heteronorma se impone de manera excluyente. Así, asumir una sexualidad disidente se transforma en un proceso traumático y solitario, que en muchos casos coincide con el alejamiento temprano del hogar familiar y el precoz ingreso a la prostitución como opción de supervivencia, en el marco de múltiples condicionamientos materiales.

Si debemos poner de relieve algún factor de exclusión social, sin duda la imposibilidad de acceso a un trabajo formal es el más agudo y el que empuja al colectivo al cuadro crítico en el que se encuentra. Pero respecto del derecho a un trabajo formal para la comunidad trans, son nulas las políticas estatales.

En efecto, sólo la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chubut, Río Negro y Chaco aprobaron legislaciones referidas a cupo laboral trans, pero en ninguna de ellas se aplica por falta de reglamentación.

En Córdoba, está cajoneado un proyecto en el mismo sentido, presentado por el Frente de Izquierda, que propone que un tres por ciento de los empleos en el sector público estatal sea ocupado por personas trans-travestis.

Desde la Agrupación 1969 LGTBI se ha iniciado un relevo y un empadronamiento provincial de las personas trans desempleadas, para acercarles a las autoridades provinciales datos concretos y viabilizar políticas tendientes a satisfacer este reclamo urgente.

La situación del colectivo trans es, quizá, el mejor ejemplo de la pobreza y el desempleo estructural del régimen capitalista, pero también del atraso social, la cosificación y la mercantilización del género femenino, en este caso de las feminidades trans, situación que se acentúa en épocas de crisis, ajuste y FMI.

Por ello, no es extraño que el alza en la lucha de las mujeres haya emergido unida a la lucha de las sexualidades disidentes, que reconocen una responsabilidad estatal común en los múltiples flagelos que las atraviesan.

En este cuadro, al igual que la educación sexual, el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado, la lucha por trabajo genuino no puede esperar y es la bandera con la que lograremos justicia por Laura Moyano, Estrella Belén Sánchez, Azul Montoro y todas las víctimas de este genocidio silencioso.