El pasado 6 de septiembre se cumplió un año del travesticidio de Marcela Chocobar, asesinada en la ciudad de Rio Gallegos a los 26 años. Desde entonces su familia junto al Plenario de Trabajadoras y otras organizaciones de mujeres iniciamos una lucha por el esclarecimiento del crimen y el reclamo de justicia. 

 

La jornada del 6 se caracterizó por ser una jornada de lucha. En paralelo a la movilización a la casa de Santa Cruz en Capital Federal, en Río Gallegos se comenzó con el acompañamiento a la familia a la única audiencia que la jueza Suárez aceptó concederles, para pelear por el cambio de carátula de homicidio simple a crimen de odio. Esta audiencia se dio por el pedido del secretario de Derechos Humanos de la provincia, en un acto de hipocresía y oportunismo de su parte, dado que la secretaría -dirigida por el ex diputado nacional del FpV Horacio Pietragalla- no sólo no movió un dedo por la causa de Marcela sino que tampoco avanzó en las reivindicaciones del colectivo trans y esperó un año para pronunciarse a favor del cambio de carátula.

 

Por la tarde se llevó a cabo el acto central, el cual contó con la adhesión de murgas, poetas y la lectura de documentos del conjunto de las organizaciones de mujeres. El acto fue abierto por Judith Chocobar, quien relató los hechos desde la desaparición de su hermana y agradeció a las organizaciones por el compromiso de asumir la lucha de justicia como propia.

 

Solo organizaciones de mujeres y de izquierda participaron y organizaron el  acto por el aniversario. El kirchnerismo solo se animó a enviar funcionarios de las secretarías que han utilizado para cooptar al colectivo LGBTI y al movimiento de mujeres, como las de Género y Diversidad Sexual. El radicalismo tampoco asomó las narices. 

 

Al cierre del acto movilizamos las organizaciones junto a la familia Chocobar (dejando atrás la pantomima de los funcionarios para los medios locales) a la comisaría primera, donde fue radicada la primer denuncia.

 

La lucha por Justicia por Marcela Chocobar no acaba aquí. Los reclamos por el cambio de carátula van de la mano de la necesidad de la aplicación de la ley 26.791 en la provincia de Santa Cruz que reconoce como figura agravada del homicidio al crimen de odio.

 

Las reivindicaciones de las mujeres y el colectivo LGBTI sólo serán conquistadas con una organización independiente del Estado, desarrollando un programa propio de los trabajadores.