Los hechos ocurrieron durante el partido de sub 19 entre PAC e IJCP. El partido estaba transcurriendo normalmente hasta que en el tercer set, jugadores y familiares del club rival (IJCP) comenzaron a gritar palabras como “gay”, “puto” y “maricón” hacia los jugadores del club PAC.

La árbitra en diferentes ocasiones frenó el partido para advertir de esta situación y poder frenarla. Como los gritos se continuaban escuchando decidió expulsar del partido a las personas (jugadores y familiares) que continuaban con los dichos. A pesar de que habían sido expulsados del partido, decidieron permanecer en la cancha.

Entendemos que este hecho no se da de manera aislada sino que  situaciones como estas son moneda corriente a lo largo y ancho de nuestro país. Las violencias que sufrimos las diversidades sexuales y de género son el resultado de un régimen social descompuesto que fomenta la discriminación hacia la población LGBTI+.

Al día de hoy en la Argentina se registra 1 crimen de odio cada 3, 4 días. Y, según el informe del primer semestre del 2020 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, se registraron 69 crímenes de odio, en los cuales se atacó a las personas por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Del total de las víctimas el 78% fueron mujeres trans, el 16% varones gays, 4% lesbianas y 2% varones trans.

El Estado es el principal responsable de esta situación. Aunque tenemos una Ley de Educación Sexual Integral hace 15 años, en los hechos no se aplica. No cuenta con presupuesto, no se forma a les profesionales para poder dictarla, encontramos el art. Nº 5, que establece que cada institución puede dictar los contenidos de la ESI según su ideario institucional, bloqueando de esta manera el acceso de les jóvenes a la información con la que deberíamos contar para que no se reproduzcan idearios y preceptos odiantes y misóginos en la sociedad.

El hecho mencionado ocurre en José C. Paz, cuya política de Estado es la del sostenimiento de las iglesias católicas y evangelistas en el municipio, que con sus enseñanzas y discursos oscurantistas logran difundir entre la sociedad estos preconceptos, que afectan particularmente a las diversidades sexuales y de género.

Exigimos a las autoridades de la Federación Metropolitana de Voley a que se realicen las sanciones correspondientes y que también se impulsen cursos de capacitación obligatoria anual sobre Educación Sexual Integral para profesores y profesoras de los distintos clubes que participan del voley federativo y para el entrenador y entrenadora de todas las categorías.

Llamamos a toda la comunidad LGBTI+ a acompañar el día 6 de noviembre a la 30º Marcha del Orgullo, para seguir luchando por todos nuestros derechos, de manera independiente del Estado y de las iglesias.