El pasado 19 de febrero, Alessandra Luna –activista por los derechos del colectivo trans e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito– y su pareja fueron víctimas de un brutal atentado en el barrio de Longchamps. Una patota de 18 hombres obligó a los golpes a que bajaran de su auto y continuó durante 20 minutos la golpiza mientras se encontraban en el suelo, dirigiéndoles agresiones verbales transfóbicas. Finalmente les robaron sus pertenencias.

 

Esta situación de violencia no es un caso aislado, sino que pertenece a los cientos de casos de agresiones contra las personas trans y travestis en el país. El asunto se inscribe en un cuadro de violencia sistemática contra el colectivo, cuyo máximo responsable es el Estado: en Almirante Brown (municipio al que pertenece el barrio de Longchamps), tanto la gobernadora Vidal como el intendente Cascallares continúan sin dar implementación efectiva a la Ley de inclusión laboral trans aprobada ya hace más de un año en la Provincia de Buenos Aires; por el contrario, condenan a las personas trans a la marginalidad, excluidas del mercado laboral, condenadas a la prostitución con única fuente de subsistencia. La expectativa de vida del colectivo trans no supera los 35 años y es a su vez víctima de la constante persecución y los abusos policiales, como puso de manifiesto la lucha por justicia en el caso de Sofía Santillán, asesinada en diciembre último en la localidad de Mercedes.

 

Desde la 1969 y el Plenario de Trabajadoras, repudiamos el ataque sufrido por Alessandra y su pareja, nos solidarizamos con la compañera y exigimos justicia por este ataque. Basta de ataques transfóbicos. El Estado es responsable. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, paremos y movilicémonos por esta y todas nuestras reivindicaciones.