“Desaparecida en democracia”, gritan las hermanas de Marcela Chocobar, porque a dos años del brutal crimen no han recibido respuestas ni de la causa ni del cuerpo de su hermana.

 

El 6 de septiembre, en ocasión del segundo aniversario del travesticidio de Marcela, se realizó una marcha desde el centro de Río Gallegos (Santa Cruz) hasta el juzgado penal número 3 donde se tramita la causa. De la misma participaron familiares de Marcela, distintas organizaciones de mujeres y LGBTI y representantes de los gremios ATE, Judiciales y Aprosa.

 

La movilización forzó al secretario del juzgado, Costabel, a recibir en una breve reunión a dos de las hermanas Chocobar.

 

A diferencia del año pasado, al oficialismo no le dio la cara para asistir al acto y hacer demagogia con el caso de Marcela. Se trata de una clara demostración de desidia, porque los familiares ya están cansados de promesas sin sentido ni resolución.

 

El día anterior, el Centro de Estudiantes de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral), que conduce la UJS, junto al Plenario de Trabajadoras y la Agrupación LGBTI 1969, organizó un festival acústico dónde participaron diferentes artistas con el fin de pedir justicia por Marcela. La jornada estuvo concurrida por alumnos y docentes de la universidad y los candidatos del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Miguel del Plá (a senador) y Gabriela Ance (a diputada provincial). También participaron Laura y Elizabeth Chocobar, hermanas de Marcela, recordando a la comunidad la causa y pidiendo el acompañamiento en el reclamo de justicia.

 

Cadena de violencia

 

Marcela creció en Salta y desde muy temprana edad comenzó a apropiarse de su identidad auto-percibida, a pesar de vivir en un contexto donde las identidades fuera de la heteronorma son juzgadas por la moral que impone la Iglesia de la mano del Estado.

 

Desapareció el 6 de septiembre de 2015, siendo esta la última vez que fue vista en el local bailable Russia. Inmediatamente sus hermanas comienzan una larga peregrinación ante la justicia, que aún hoy continúa. Al octavo día de búsqueda, su cráneo apareció en un terreno baldío del barrio San Benito de Río Gallegos.

 

En la comisaría 1°, la policía no quiso tomar la denuncia de su desaparición, argumentando que debían pasar 48hs de ausencia. Este es el primer eslabón de la cadena donde se materializa la responsabilidad del Estado.

 

Al día de hoy, la respuesta de la Justicia ha sido el sobreseimiento de uno de los imputados, Adrián Fiorimontti, beneficiado por sus vínculos con el poder. Está claro que el encubrimiento del Estado está ligado al poder político, por lo que se intenta encubrir y borrar cada prueba del travesticidio.

 

El travesticidio de Marcela Chocobar fue el último eslabón de una cadena de violencia que se descarga sobre las mujeres del colectivo trans en todo el país. La incansable lucha de los familiares de Marcela ha puesto a la luz la connivencia entre Estado, narcotráfico y prostitución.

 

Ante la falta perspectiva de un trabajo formal, Marcela, como la mayoría de las mujeres trans, se vio empujada al ejercicio de la prostitución como medio de subsistencia. La expectativa de vida de una chica trans, en medio de esas condiciones es de 35 años, como consecuencia de la exposición a la violencia, a enfermedades de transmisión sexual, al abuso, la discriminación y los crímenes de odio.

 

“Salidas” y salidas

 

No es casual que la salida que propone el Estado, a raíz del travesticidio de Marcela, sean charlas pedagógicas, talleres de “empoderamiento” y un incipiente consultorio inclusivo sólo en Rio Gallegos. Desde el Estado se refuerzan las demandas que este sistema les impone a las mujeres trans para lograr la imagen a la que muchas aspiran. Sin embargo, la situación del colectivo sigue siendo marginal, ya que no se ofrece una salida real y concreta. El gobierno de Alicia Kirchner, a través de la Secretaría de Diversidad y Género, dirigida por Delfina Brizuela y Roxana Rodríguez, solo ofrece a algunas personas un subsidio por debajo de la canasta familiar.

 

Además, la Secretaría de DDHH fue abandonada por Horacio Pietragalla, porque ahora es  candidato por la provincia de Buenos Aires con Unidad Ciudadana. Hoy es una secretaria que depende del gobierno provincial acéfala y que sigue sin dar respuestas.

 

Denunciamos que es el Estado el responsable del travesticidio de Marcela y que además impone límites y bloqueos a la causa, y exigimos:

 

que el Estado arbitre los medios necesarios para la aparición de su cuerpo.

la caratulación de la causa como “Crimen de odio”, y el castigo a todos los culpables materiales e intelectuales.

que se ponga en pie un plan para la inclusión laboral para el colectivo trans.

Justicia por Marcela Chocobar. Defendemos la organización independiente del colectivo LGBTI como herramienta de salida para defender los derechos ya conquistados y luchar por los que aún faltan.