El martes 20, el legislador del Frente de Izquierda-Partido Obrero, Marcelo Ramal, presentó un proyecto de ley que contempla que las personas trans y travestis tengan un cupo laboral mínimo del 1% en el ámbito público de la Ciudad. Jorge Lanata, en su programa dominical, abrió con una editorial contra el proyecto de Ramal (video https://goo.gl/XCdjEK). Se refirió a las travestis como “los tipos” y dijo que no quería “transexuales inútiles” de empleados públicos.

Lo de Lanata es el botón de muestra de todo un régimen social que excluye laboral y socialmente a trans y travestis. A la misma hora, Susana Giménez le decía a un personaje mediático “sos mujeriego, peor sería que te gustaran los hombres”; misma homofobia, distinto canal. Entonces, pasemos a aclarar los tantos.

El cupo laboral trans no es un beneficio, es un derecho elemental que viene a sanear una situación de emergencia: la esperanza de vida del colectivo trans-travesti es de sólo 35 años. En esta línea, los fundamentos del proyecto explican: “Esta opresión por identidad de género asume en nuestra sociedad capitalista, características específicas, entre las cuales se encuentra la superexplotación, el desempleo, la marginación y, en muchísimos casos, el hecho de que queden reducidos a la prostitución en general y a la explotación sexual en particular como único medio de supervivencia.”. Cabe señalar además la permanente persecución y extorsión policial –es decir, estatal– a quienes ejercen la prostitución. Todo este cuadro sumado a la expulsión temprana de sus hogares, de la escuela y del sistema de salud, las adicciones y las enfermedades de transmisión sexual hacen al colectivo trans-travesti víctima de un genocidio silencioso.

Los travesticidios son la más cruda muestra de ese genocidio; en el último tiempo han sido asesinadas decenas de compañeras a lo largo y ancho del país: algunos nombres son Diana Sacayan, Marcela Chocobar, Pamela Moreno, Laura Moyano, Gimena Alvarez y Zoe Quispe. Estos crímenes de odio contra el colectivo trans-travesti son el último eslabón en una cadena llamada hetero-normatividad (que la heterosexualidad sea lo aceptable, lo normal) cuyo sustento está en el Estado y sus instituciones, en íntima vinculación con la Iglesia. Kirchneristas y macristas encumbrados del movimiento LGBTI se esmeran en negar estos vínculos y situar el odio homo-lesbo-transfóbico en la cultura en abstracto para quitarle culpas al Estado, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

El derecho a la identidad de género autopercibida conquistado con la ley 26.743, en 2012, producto de la lucha de cientos y cientas de activistas y organizaciones, aún no es del todo pleno ya que no están garantizados los tratamientos para la adecuación a esa identidad, a pesar de estar en el articulado de la ley. El Hospital de Clínicas de Córdoba Capital que hacía estos tratamientos hoy se encuentra suspendido. El Plan de Salud Trans –reglamentado recién en 2015, tres años después de la sanción de la ley– aún no cuenta con presupuesto ni un plan de conjunto para avanzar en los derechos que figuran en dicha ley. Es decir, ni siquiera los derechos ya conquistados están asegurados sin un colectivo LGBTI organizado de forma independiente al Estado.

Los repetidores lanatistas que twittean contra el cupo en defensa de la “idoneidad para el puesto” miran para otro lado cuando demostramos el callejón sin salida al que este régimen social condena a travestis y a trans. La participación del colectivo trans-travesti en el ámbito público permite abrir paso a una inclusión social más vasta y una lucha por esa agenda, que permita superar el cuadro de emergencia que hemos señalado.

Para avanzar en todas las reivindicaciones de la diversidad sexual y de género, vayamos a una gran campaña del movimiento LGBTI en la Ciudad de Buenos Aires por el cupo laboral trans.