La diputada nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Romina Del Plá, intervino este jueves 8 en una reunión conjunta entre la Comisión de Mujeres y Diversidad y la Comisión de Legislación del Trabajo, en el marco del debate por una ley de Cupo Laboral Travesti Trans.

El debate sobre este norma al interior del Congreso encontró, luego de su histórico bloqueo, un empujón por el reciente decreto de Alberto Fernández de cupo, resultado de la larga lucha por este reclamo.

En la reunión, Romina Del Plá intervino para marcar cuáles son los límites del dictamen conjunto y qué modificaciones propusimos desde el PO-FIT a la comisión, fundamentando así que el acompañamiento de la banca fuese con disidencia parcial (la nota de fundamentación puede leerse al final de esta nota).

En primer lugar, señaló que en el artículo 5 se hace referencia a “todas las modalidades de contratación regular vigentes”, pero que esto debería ser modificado por un artículo que explicite que estos puestos de trabajo en realidad deberían ser en planta permanente. El Estado es el principal garante de la precarización laboral, encarnada en la terciarización y los sueldos de miseria, y esta ley no puede ofrecer, como única salida laboral a la población travesti trans, trabajo precarizado. Rechazamos la utilización de un colectivo históricamente vulnerado para perpetuar la política de trabajo basura de los gobiernos.

 

Luego, en el artículo 6 sobre el punto de la capacitación y formación educativa obligatoria, planteamos como fundamental desde el Partido Obrero que estas deben ser remuneradas y dentro del horario laboral, para garantizar su cumplimiento. Hablamos de una población expuesta a las violencias y a la discriminación por parte del Estado y sus instituciones desde la infancia, cuya deserción escolar se eleva por encima del 50% y en formación universitaria o terciaria alcanza solo un 5%.

La defensa de les trabajadores que estarían alcanzades por esta ley estuvo presente en toda la intervención. Cuando se habla en el artículo 12 de otorgar créditos “a tasa preferencial” para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, defendemos que esto en realidad debería ser a tasa cero, para no seguir profundizando las condiciones de precariedad económica de este sector, que con esta línea crediticia “especial” correría el riesgo de convertirse en deudora, imposibilitando una salida de independencia económica.

Lo que resulta realmente escandaloso es lo propuesto en el artículo 11, ya que pretende usar la aprobación de esta ley para fomentar un nuevo subsidio a la patronal. Este artículo establece que para el sector privado las contribuciones patronales provenientes de la contratación de personas travesti/trans puedan descontarse del pago de impuestos nacionales. La ley de cupo laboral travesti/trans es un reclamo histórico de la comunidad LGBT+ trabajadora; un reclamo por trabajo genuino y por el acceso a los derechos laborales que nos corresponden no puede servir para meter por la puerta trasera un beneficio al empresariado, que ya ha sido premiado con varias exenciones impositivas durante todo este período. Es el Estado quien debe controlar y garantizar que se cumpla esta ley mediante inspectores y un seguimiento en el sector privado y no mediante un “apoyo económico” que, sin controles, funciona como un cheque en blanco a las patronales, y no impone ninguna medida de contratación sobre las personas a contratar (en planta permanente, bajo convenio, con ART, obra social y demás prestaciones). Sobre este punto, llamamos al conjunto del movimiento LGBT+ y a las organizaciones a pronunciarse en contra.

Cabe destacar que el proyecto original establece un plazo de 60 días para su reglamentación y meramente “invita” a las provincias a cumplirla. Por el contrario, la contrapropuesta presentada por la banca del Partido Obrero plantea que este plazo debería ser de diez días, en vista de la situación de extrema crisis económica que vive nuestro país en la actualidad, que golpea de lleno a la clase trabajadora y de manera aún más profunda a la población travesti/trans. Este colectivo no puede seguir esperando, menos aún en un país donde sucede un crimen de odio cada tres días, producto de la marginación. Asimismo, el carácter de esta ley debería ser de orden público y ser cumplida a nivel nacional, sin dar espacio a una “invitación” que quede abierta a que gobernadores y legisladores, aferrados a los sectores más oscurantistas y antiobreros, puedan poner un freno en su real implementación. Algo que se ve en la mayoría de los municipios donde están reglamentadas las leyes de cupo laboral, e incluso en la Provincia de Buenos Aires donde se implementa a cuentagotas.

La pelea por la aprobación e implementación efectiva de la ley, a pesar de los claros límites de la misma, estará completamente en manos del movimiento LGBT+ y no del Estado y los gobiernos que recortan las plantas estatales, imposibilitando la creación de nuevos puestos de trabajo, para garantizar el pago de la deuda al FMI. La no aplicación del decreto presidencial más de 30 días después de su anuncio habla por sí misma. Por esto, la lucha independiente de todos los poderes de turno, la organización alrededor del reclamo con empadronamientos y con presión en las calles por trabajo genuino para todes les compañeres, serán nuestras herramientas para conseguir todos nuestros reclamos. Llamamos a todo el movimiento LGBT+, incluso a quienes hoy depositan sus esperanzas en el Estado, a luchar genuinamente por todo esto.