Hace unos días se conoció la denuncia de Javier Astorga, un joven que sufrió un apremio ilegal el 1° de mayo en Río Gallegos durante la noche. La detención la realizó infantería en conjunto con personal de la comisaría 6° quienes sometieron a Javier durante horas a torturas, insultos y amenazas por su condición de género.

Recién cuando volvió a su casa a las 9 de la mañana, pudo descansar ya que estuvo muchas horas de pie y descalzo porque lo dejaron sin zapatillas. Cuando le pudo contar a su familia fue llevado al hospital y mediante exámenes determinaron que tenía fractura de mandíbula y costillas fisuradas.

Javier contó que ese mismo día fueron a realizar una denuncia a la comisaría 1°, pero desde ahí le dijeron que debía ir a la misma comisaría donde habían sucedido los hechos, en una clara actitud mentirosa ya que las víctimas de abuso pueden denunciar en fiscalía y en el juzgado estos abusos. A pesar de esto, la víctima se armó de valor y fue acompañado de su familia a realizar la denuncia para dejar asentado el hecho. Sin embargo, la cuestión no avanzó.

El contacto con organizaciones de mujeres y disidencias fue lo que permitió que la denuncia se difunda a través de un audio que él mismo realizó y de esta manera no dejar en la impunidad a quienes lo violentaron.

Desde el Ministerio de Seguridad publicaron un comunicado en el que rechazan el accionar de los policías e informan que iniciarían sumarios para todos los efectivos involucrados. Lo paradójico del comunicado es que en el mismo hacen alusión a que el Ministerio, en conjunto con la policía, está trabajando para capacitar al personal en “garantías constitucionales, temática de género y ley Micaela” para que estas cosas no sucedan. ¿Acaso la policía de Santa Cruz no sabe que torturar personas es una violación a los derechos humanos?

La cantidad de denuncias que se están conociendo por estas horas en la provincia pinta de cuerpo entero a la institución policial, que no responde al comportamiento de algunos sujetos que “se les va la mano”, sino que su formación esencialmente es la de disciplinar e imponer el miedo al otro, al diferente.

Por estas horas se está convocando a una marcha en repudio al abuso y la homofobia frente a la jefatura de policía, para plantearle al ministro de Seguridad, Lisandro de La Torre, que haga efectiva la separación de los cargos de los agentes que estuvieron involucrados esa noche en la tortura que sufrió Javier.

Desde el Plenario de Trabajadoras responsabilizamos al Estado y al gobierno de Alicia Kirchner que han ninguneado todas las denuncias por abuso policial y demagógicamente utilizan la ley Micaela como cortina de humo para tapar lo que realmente sucede.

Basta de Lgbtiodio.

Basta de represión.

Desmantelamiento del aparato represivo.

#AliciayDeLaTorreSonResponsables

Justicia por Javi.