Desde el 18 al 21 de febrero en el tribunal N°7 de San Martín se realizará el juicio a Ana María de Jesús, conocida como Higui, quien fue procesada tras defenderse de un ataque lesbodiante como es la "violación correctiva".

Este hecho sucedió en octubre del 2016 en el Barrio Marilo de Bella Vista, provincia de Buenos Aires.

Un grupo de atacantes varones la interceptó cuando salía de la casa de un familiar. Dichas personas ya la habían amenazado anteriormente reiteradas veces y llegaron hasta incluso quemar su casa. Ante esta situación comenzó a salir armada con un cuchillo de cocina.

El ataque se hizo con el propósito de “corregirla” y “hacerla mujer.” Durante el hecho, Higui se defendió dándole un puntazo a uno de sus atacantes, Cristian Rubén Espósito. Por este motivo, está enfrentando una causa de homicidio que no contempla a Higui como víctima sino como victimaria.

Este caso demuestra la violencia que se ejerce desde el Estado y los gobiernos capitalistas hacia la comunidad LGBTI, a través de políticas expulsivas y criminalizantes. Además se pone en evidencia el rol de la justicia en este sistema: aleccionar a las mujeres, las diversidades sexuales y de género.

Higui fue atacada por ser mujer, lesbiana y pobre. En su caso, el carácter de clase es un hecho clarificador, ya que a Higui se la condena por ser una mujer trabajadora que rompe con la heteronorma.

Gracias al sistema judicial burgués y heteronormativo, Higui estuvo encarcelada desde el 16 de octubre de 2016 y liberada (producto de la masiva movilización del movimiento de mujeres, y el movimiento LGBT) en junio del 2017. Mientras, sus atacantes gozaron de la protección del poder judicial y policial, desamparándola a ella como víctima del ataque lesboodiante.

El caso de Higui se enmarca en un contexto de crisis, donde la comunidad LGBT se ve afectada en primera instancia, expulsándonos del mercado laboral y de la sociedad por nuestra orientación sexual o identidad de género.

El Estado no solo no se hace responsable de la situación de vulnerabilidad a las que nos vemos sometides (no aplicando el cupo laboral travesti-trans, ni amparando a las víctimas de crímenes de odio) sino que es quien promulga el lesboodio a partir del poder judicial, quien tiene a su servicio a las instituciones represivas tal como es la Policía Federal Argentina que detuvo a Marian Gómez, quien enfrenta una condena por besarse con su compañera en la estación de la línea C de Plaza Constitución.

El gobierno de Alberto Fernández, quien apuntó a conseguir los votos LGBT (a través de candidaturas LGBT), hasta el momento, no tiene interés por derogar el Protocolo de detención a personas LGBT, impulsado por la ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, que apunta a fomentar la violencia institucional hacia la comunidad LGBT.

Frente a todos estos hechos de injusticia y de avance en contra de nuestros derechos, el Estado es responsable.

Exigimos la inmediata derogación del mismo protocolo, que es un instrumento de adoctrinamiento de los gobiernos patronales para perseguir a todo lo que rompa con la "heteronorma".

Exigimos la implementación del cupo laboral travesti-trans, y el cumplimiento de la ley de identidad de género.

Que el Estado se haga cargo de la producción de hormonas para masculinidades y feminidades trans, con el fin de terminar el negociado de las farmacéuticas y el Estado a costa de nuestras vidas.

Como fue demostrado en el proceso de excarcelamiento de Higui, en el juicio por el travesticidio de Diana Sacayan (logrando una condena de cadena perpetua a su asesino), y en la lucha por la absolución de Marian Gómez, solo a través de la presión en las calles y la movilización, el movimiento LGBTI va a alcanzar todas sus reivindicaciones.

Llenemos los Tribunales de San Martín y acompañemos el juicio de Higui preparando un 7 de Marzo (día de la Visibilización Lésbica en memoria de Pepita Gaitán) con una fuerte concentración en Congreso visibilizando casos como el de Higui y Marian Gómez.

Asimismo al 8M, llevar todos los reclamos del movimiento LGBTI a la misma movilización. Como lo son, la real implementación del cupo laboral travesti-trans; Aborto legal para todas las personas gestantes; No al faltante de hormonas para personas trans; Real implementación de la Ley de identidad de género; Abajo el protocolo represivo de Bullrich; Absolución para Higui y Marian Gómez.