El día 01/11, el Concejo Deliberante de Lanús convocó a una nueva sesión ordinaria y aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Provincial del Cupo Laboral en Administración Pública para personas Travestis, Transexuales y Transgénero. Esto implica que el 1% de la planta de la administración pública municipal deberá estar integrada por personas de la comunidad LGBTI+.

A pesar del decreto que aplicó el Gobierno en septiembre pasado por el cupo laboral trans para la administración pública nacional, la adhesión fue a la iniciativa provincial reglamentada en diciembre de 2019 por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Ésta fue aprobada en 2015, convirtiendo al Municipio de Lanús en uno de los primeros en adherir a dicha ley provincial por el cupo. Claro está que jamás fue implementada, con lo cual perdió vigencia hasta que se volviera a tratar en una nueva sesión, ya que ninguno de los bloques políticos integrantes del concejo pareció sopesar la situación crítica en la que se encuentran las personas del colectivo travesti-trans.

Si bien se trata de un triunfo del movimiento de lucha de las diversidades sexuales, la aprobación de la adhesión no escapa a la intención del régimen político en su conjunto de encubrir su propia responsabilidad en la situación por la que atraviesan las personas trans y al mismo tiempo darse un baño de progresismo. La aprobación en el Concejo Deliberante fue impulsada por el bloque del Frente de Todos, mientras a nivel nacional desarrolla un enorme ajuste que encontrará entre sus primeras víctimas a las diversidades sexuales y a las mujeres, al mismo tiempo que garantiza la exclusión y la discriminación.

Vamos por la implementación

El 80% de las personas trans son marginadas social y laboralmente por su condición de género e identidad. La dura realidad de la prostitución para subsistir, enfermedades de transmisión sexual, adicciones, violencia y explotación sexual son factores que contribuyen a que las personas tengan un promedio de vida de 35 años, sin mencionar los crímenes de odio y travesticidios de los que son víctima.

Actualmente, por un decreto nacional lanzado en febrero, las contrataciones en el Estado se encuentran congeladas hasta 2021, esto sumado a la reducción constante de la planta del personal estatal que dejaría a las nuevas contrataciones reales en 0. La efectiva puesta en marcha de la ordenanza municipal y la inclusión efectiva del cupo de 1% de personas trans requiere de la organización y la lucha de les compañeres que conquistaron este decreto así como del conjunto de la población trabajadora.

 

 

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