Sol Gómez tenía 24 años y vivía en la localidad de Recreo, a 16 km al norte de la capital de Santa Fe. Desde muy chica sufrió la exclusión y la discriminación por su identidad de género y fue violentada en muchas ocasiones, al tener que prostituirse para poder subsistir.

Su cuerpo fue encontrado por un vecino de la zona del sur de Recreo el 7 de marzo, en la víspera del Paro Internacional de Mujeres, pero el travesticidio trascendió en muy pocos medios. La imagen del cuerpo era escabrosa: estaba carbonizado casi por completo y horrendamente ultrajado, en un basural ubicado en medio de las dos estaciones de servicio de la localidad, en las cercanías de uno de los conglomerados sociales más postergados de la ciudad que gobierna el Frente Progresista Cívico y Social. Algunos vecinos manifestaron que el lugar es muy concurrido por "chatarreros" que suelen quemar residuos por las noches, y que es un paraje liberado para la prostitución.

El cuerpo finalmente fue identificado días después por una autopsia ordenada por la justicia, que sin respeto alguno por la identidad de género, mencionó a la víctima como O. O. G. –Omar Osvaldo Gómez –aunque nunca había tramitado el cambio de género en su documento de identidad, era Sol para quienes la conocían.

El examen forense determinó que el asesinato se cometió entre 36 y 48 horas antes del hallazgo del cuerpo. El fiscal informó que se investiga un homicidio, ya que la víctima sufrió una “muerte violenta”: el cuerpo presentaba signos de violencia extrema como laceraciones, mutilaciones y numerosos puntazos.

Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe, transmitió su preocupación por este y otros dos casos de crímenes de odio acaecidos en el transcurso de un mes en la provincia: el 8 de febrero, la localidad de San José del Rincón amaneció conmovida por el travesticidio de Adriana “Cuqui” Bonetto, asesinada a puñaladas dentro de su casa; mientras que el 23 de febrero el peluquero “Karlos” Ledezma también fue muerto a puñaladas en su casa de Las Parejas, departamento Belgrano. Estos casos –aún sin detenidos–, se suman a otros tantos producidos en Santa Fe en los últimos cinco años, como los de Vanesa Zabala, “Coty” Olmos, “Chiche” Castañeda, Mónica Ortiz y Pamela Tabares. Este bárbaro genocidio es consecuencia directa del papel determinante del Estado en la reproducción de la desigualdad y de la operación de sectores clericales y reaccionarios contra los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI; la falta de implementación del cupo laboral trans, la ausencia total de educación sexual laica y científica en todas las escuelas y el vaciamiento de los sectores de salud pública por parte del poder político del capital nos transforman a diario en blanco de ataques homolesbotransfóbicos y otras numerosas vejaciones. Sin embargo, Paulón corrió el eje de la responsabilidad del Estado y del gobierno progresista por la situación de vulnerabilidad en la que sumen al colectivo LGBTI debido a sus políticas, y terminó colocando la orientación sexual de las víctimas como la causa de sus muertes tempranas.

El área de Diversidad provincial propone implementar mecanismos específicos de “mayor seguridad” para la protección de las mujeres trans, un planteo “friendly” que apunta en verdad a un reforzamiento de las fuerzas represivas, de probada responsabilidad en la persecución a la comunidad LGTBI y en sus vínculos con el negocio del narcotráfico, de la trata de personas y la liberación de zonas para la prostitución. El planteo se enmarca en la política del gobernador Miguel Lifschitz, quien junto con su ministro de Seguridad se reunió en enero con Patricia Bullrich para coordinar un desempeño conjunto de la policía local con las fuerzas federales en todo el territorio santafesino, bajo la excusa de la lucha contra el delito y el narcotráfico. En la misma línea, el intendente recreíno Omar Antonio Colombo promueve un mayor alcance territorial de la policía en el distrito.

Las organizaciones y las oficinas LGBTI asimiladas a los gobiernos heteronormativos no pueden desarrollar ningún canal verdadero de movilización por nuestras reivindicaciones. No podemos paralizarnos con la dependencia y la subordinación al Estado y al clero en el intento de poner fin a la violencia que esos aparatos permean a la sociedad. En Santa Fe, la barbarie que atraviesa el colectivo LGBTI en general y la comunidad trans en particular ya no se puede tolerar. Es necesario que nos organicemos junto con la clase trabajadora en un movimiento independiente del Estado, de la Iglesia y de las patronales frente al hambreo y la opresión a que nos someten esas instituciones.

Hoy, que empieza el juicio en Buenos Aires por el terrible travesticidio de Diana Sacayán, reivindiquemos todas nuestras conquistas, levantemos nuestros reclamos y exijamos justicia por Sol Gómez y por las compañeras y compañeros víctimas de crímenes de odio. ¡El Estado y los gobiernos son responsables!