Cynthia, una joven trans de 26 años, vivía con su familia en Banda de Río Salí, en la provincia de Tucumán. Como la mayoría de las mujeres trans que son expulsadas del circuito del empleo formal, debía dedicarse a la prostitución para poder sustentarse económicamente.

Sus familiares y amigas, luego de radicar la denuncia por su desaparición en la Comisaría 2ª, formaron una desesperada red de búsqueda desde el 14 de febrero, que fue la última vez que la vieron. A nueve días de la desaparición de Cynthia, un vecino alertó a la policía que había encontrado un cuerpo desmembrado entre los pastizales del fondo de una de sus propiedades, una casa deshabitada en el barrio Villa Alem a la que había ido para tareas de mantenimiento.

El cuerpo estaba irreconocible y en avanzado estado de descomposición, pero varias observaciones de los peritos hacían pensar que podría tratarse de Cynthia. El caso quedó en manos de la  Fiscalía de Instrucción de la VII° Nominación, a cargo de Arnoldo Suasnábar, que ordenó un examen de ADN a partir de las muestras de familiares de Cynthia. Finalmente, el martes 17 los análisis y las pericias confirmaron que los restos encontrados pertenecen a Cynthia, y que fue salvajemente asesinada y descuartizada. Hasta el momento, no hay datos sobre quién pudo haber cometido semejante crimen de odio.

En Tucumán, el asesinato de Cynthia se suma al de Ayelén Gómez el 12 de agosto del 2017, al travesticidio de Lourdes Reinoso el 14 de enero y al tiroteo del que fue víctima Natasha Banegas el 15 de enero a manos de proxenetas. Estos casos de ataques sistemáticos que sufre la comunidad de mujeres trans en todo el país (¡más de 20 en el transcurso del año!) son el correlato del papel determinante del Estado en la reproducción de la desigualdad y de la operación de sectores clericales y reaccionarios “pro-familia” contra los derechos de la comunidad LGBTI.

El año pasado se había presentado un proyecto de ley de cupo laboral trans, que permitiría que el 1% de los cargos de la administración pública de Tucumán fueran ocupados por personas trans, pero el legislador Raúl Albarracín (UCR-Cambiemos) pidió que fuera enviado a comisión y evitó que el proyecto fuera tratado, con el apoyo del oficialismo (PJ), argumentando que había en la ley una cuestión de privilegio al no exigirse idoneidad para cubrir los cargos.

La falta de implementación del cupo laboral trans, el cierre de planes de estudios Fines, la ausencia total de educación sexual laica y científica en todas las escuelas y el vaciamiento de los sectores de salud pública por parte del poder político del capital nos transforman a diario en blanco de ataques homolesbotransfóbicos y todo tipo de vejaciones.

Para terminar con esta barbarie hacia las compañeras trans y todo el colectivo LGBTI, construyamos un movimiento independiente del Estado, de los gobiernos y del clero, y ganemos las calles con un programa de salida a la brutal opresión de clase y de género que estamos sufriendo.

¡Basta de travesticidios y crímenes de odio!

¡Cupo laboral trans YA!