Marcela Crelz vivía en Isidro Casanova, tenía 54 años y fue apuñalada por su madre, tras haber mudado a su pareja al domicilio que compartían. Los vecinos denuncian constantes discusiones, que concluyeron en el peor desenlace.

Este femicidio tiene sus raíces en los problemas habituales de la comunidad LGBTI: la discriminación social respecto a las orientaciones sexuales personales, fomentadas por la Iglesia y el Estado.

Mientras desde el Vaticano, el Papa habla de “inclusión”, pero se niega a equiparar las uniones legales, instando a “comprender y realizar la voluntad de Dios”. En esta línea discriminatoria, el arzobispo Aguer alecciona en el odio y la intolerancia diciendo que “la homosexualidad no es natural” y que para “un homosexual pueda vivir en gracia de Dios debe ser casto” (Página 12 – 27/08). Esta es “la postura oficial de la Iglesia Católica”.

A nivel estatal, las leyes de igualdad de género y matrimonio igualitario no se han convertido una mejora en las condiciones de vida del movimiento LGBTI, que continúa siendo hostigado por las fuerzas represivas en todos los puntos del país.

Hace poco, en el bar La Biela, de la Ciudad de Buenos Aires, dos chicas fueron echadas del lugar por besarse. “Mantener una conducta inapropiada”, fue la excusa de los dueños del bar de Recoleta, luego justificada por la policía del lugar. Este hecho fue repudiado por una movilización de la comunidad que salió fuerte a denunciar este atropello.

El asesinato y los suicidios de adolescentes asediados por esta ideología del odio que promueven el Estado y la Iglesia tienen que ser repudiados de la mano de la puesta en pie de una organización independiente del colectivo.

¡Basta de discriminación! ¡Basta de crímenes de odio!

Justicia por Marcela Crelz