Se cumplen once años del asesinato y desaparición de Luciano Arruga, en Lomas del Mirador, La Matanza. La organización de familiares y amigos convocan a marchar el sábado 1 de febrero, a las 17, desde la intersección de las avenidas Mosconi y General Paz hasta la plaza que lleva su nombre, para reforzar la lucha por el juicio y castigo a los responsables denunciando al Estado.

El caso

Luciano Arruga desapareció el 31 de enero de 2009, luego de ser detenido por la Policía Bonaerense, que secuestra y tortura al joven hasta morir. Le habían "ofrecido" robar en zonas liberadas de La Matanza, pero ante sus reiteradas negativas lo detuvieron en el destacamento de la calle Indart, donde funcionaba una comisaría que no estaba habilitada para recluir detenidos.

Desde ese momento, su familia inició un camino de lucha donde se enfrentó con diversos funcionarios gubernamentales, judiciales y policiales, que obstaculizaron la investigación. Luego de muchas marchas, movilizaciones, actos, nuevas denuncias y hasta amenazas, en 2014 encontraron su cuerpo enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Según la investigación, lo habrían atropellado la misma noche de su desaparición, internado y operado en el Hospital Santojanni donde falleció. Las circunstancias aún no son claras.

Más tarde, en 2015, se llevó a cabo el juicio donde el policía Julio Diego Torales fue condenado a diez años de prisión por torturar al chico durante una aprehensión en 2008. Los funcionarios en los que recayó el caso fueron acusados por la pérdida de pruebas irrecuperables en la investigación, por mantener actuando a la misma policía denunciada y por perseguir a la familia con escuchas telefónicas. Actualmente la causa sigue paralizada.

Emblema de la lucha contra la represión estatal

El caso ha sido presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de desaparición forzada durante la democracia por organizaciones de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en su informe del 2010 exige "concluir una investigación exhaustiva e imparcial" e incluirlo en "conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas".

En el caso de Luciano, se ven reflejados los de muchos otros jóvenes de la clase trabajadora, que en diversos barrios del conurbano bonaerense, se ven estigmatizados por su origen social. Hostigados, perseguidos, y en algunos casos, presionados para delinquir en complicidad y beneficio de la propia policía.

El Estado capitalista utiliza las fuerzas represivas para perseguir, reprimir y disciplinar a los jóvenes de los barrios, de la clase trabajadora, a la par que les niega el acceso a la salud, educación, vivienda digna, etc.

Responsabilidades políticas de ayer y hoy

La aparición del cuerpo de Luciano puso de manifiesto una cadena de encubrimientos y conductas criminales que permitieron su desaparición, tortura y muerte a manos de la policía. Y la clara connivencia entre el poder político, la policía y el Poder Judicial.

Cabe recordar que este caso se dio bajo la intendencia de Fernando Espinoza, en La Matanza, la gobernación de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y la presidencia de Cristina Kirchner, quienes en principio decidieron mantener un silencio cómplice. Bajo sus mandatos, todo el aparato judicial dilató y entorpeció la investigación.

Luego, bajo el periodo de gobierno macrista, defensor de la política de “mano dura” y gestor de la “Doctrina Chocobar”, continuó la misma situación de parálisis en la investigación del caso.

La familia impulsa hace siete años un Jury de Enjuiciamiento contra las primeras fiscales de la causa, Roxana Castelli y Celia Cejas Martin, y el juez Gustavo Banco. El desempeño de los funcionarios contribuyó a la impunidad y obstaculizó el acceso a la verdad. Pero el Estado desestimó esta denuncia y resolvió no acompañar a la familia. Mientras tanto, la búsqueda de Luciano y la investigación de la hipótesis policial estuvieron y están absolutamente paralizadas en el ámbito de la Justicia Federal.

En el jury impulsado por la familia Arruga a las fiscales y el juez intervienen, desde el Estado, la Procuración bonaerense y una comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense. En ambos casos, en 2019 emitieron lamentables dictámenes desistiendo de acusar a los funcionarios. El dictamen de la Procuración fue firmado por el procurador Julio Conte Grand, y el de la Comisión Bicameral por los legisladores Ricardo Lissalde (Frente de Todos), Walter Lanaro (Cambiemos), Mauricio Viviani (Cambiemos), Sandra Paris (Cambiemos), Flavia Delmonte (Cambiemos), Mario Giacobbe (monobloque, ex Cambiemos), Aldana Ahumada (Cambiemos) y Fernando Carballo (Frente de Todos, massista). La decisión de no acusar, por parte de estos organismos judiciales, muestra claramente, que todos los gobiernos de turno responden a un mismo interés, en casos como este: utilizar la represión estatal para disciplinar a los trabajadores, y ocultar este accionar delictivo posteriormente.

Por eso, hoy más que nunca, acompañamos en la búsqueda de verdad a quienes hace más de once años esperan justicia por un delito de lesa humanidad.

Luciano Arruga, presente.