Libertades democráticas
13/11/2025
15N Marcha Nacional de la Marihuana
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La Marcha del 15N será una respuesta colectiva y política frente a la represión y la entrega
Este sábado 15 de noviembre miles de personas volverán a marchar en todo el país en el marco de la Marcha Nacional de la Marihuana. La jornada reunirá a pacientes, cultivadores, familias y organizaciones para denunciar una realidad que se agrava día a día: personas detenidas por plantar, allanamientos violentos, pérdida de acceso a la medicación y hasta madres separadas de sus hijos por denuncias o intervenciones de asistencia social. Hechos que exponen la persecución y el hostigamiento que sufre el sector cannábico frente a un Estado que actúa en defensa de los narcos y de los grandes intereses empresariales.
Frente a esto, la movilización del 15N será una exigencia colectiva por una regulación integral del cannabis —medicinal y adulto— y por el fin de la criminalización de quienes sostienen el acceso popular, solidario y comunitario.
El gobierno de Patricia Bullrich y Javier Milei avanza con una política de represión y control, que golpea de lleno al movimiento cannábico y a las experiencias de organización solidaria. Mientras se persigue a cultivadores, pacientes y ONG, se habilita el negocio para laboratorios y empresas que ven en el cannabis una nueva fuente de ganancias.
Las drogas son una justificación para la criminalización de los pobres, los trabajadores y los jóvenes, no una preocupación real del Estado. El mismo gobierno que militariza los barrios y persigue plantas en los patios, mantiene intactas las redes del narcotráfico y las alianzas con empresarios ligados a negocios ilegales.
El Reprocann, que fue una conquista del movimiento cannábico, se encuentra hoy paralizado. Miles de pacientes esperan una respuesta del Estado mientras crece la represión. Las nuevas regulaciones del Inase sobre semillas y material genético, junto con los requisitos de licencia de la ARICCAME, imponen un entramado burocrático y costoso que no todos pueden afrontar. No basta con cultivar ni producir; hay que registrar cada variedad, pagar aranceles, contratar asesorías técnicas y cumplir con exigencias administrativas que sólo los grandes capitales pueden sostener. En los hechos, este sistema filtra y excluye a cultivadores independientes, cooperativas y proyectos comunitarios, mientras abre el camino a corporaciones capitalistas con gran capacidad de inversión.
Esa misma regulación, pensada como un avance, hoy muestra sus límites. El Reprocann restringe el acceso al cannabis a un registro de uso medicinal, limitando su alcance y criminalizando a quienes quedan por fuera. En un contexto de ajuste, la ley revela su carácter excluyente y el contraste con un movimiento cannábico que demanda una despenalización real del cultivo y el consumo.
Estos frenos no son técnicos ni administrativos: son una decisión política que detiene el desarrollo de una industria en crecimiento, criminaliza a los pequeños clubes cannábicos y favorece a las farmacéuticas y a los narcotraficantes. La “mano dura” de Bullrich funciona como una cobertura represiva de un modelo de privatización y saqueo.
A esto se suma la crisis del sistema universitario, que afecta directamente la formación en salud y cannabis medicinal. El Estado exige que los médicos cuenten con diplomaturas o especializaciones para poder prescribir cannabis, pero no garantiza las condiciones para que eso suceda. Las pocas diplomaturas disponibles son caras porque dependen de honorarios externos y recursos propios, en un contexto donde el sistema público universitario está en crisis presupuestaria. Se pide una formación que el propio Estado no promueve ni incentiva, mientras recorta los fondos que permitirían desarrollar políticas sanitarias reales en torno al cannabis medicinal.
En este contexto, la lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan, que conquistaron un 61% de aumento salarial tras semanas de paro y movilización, muestra el camino. Es la misma pelea por el derecho a la salud, contra un gobierno que ajusta los hospitales mientras reprime a pacientes y cultivadores. La defensa del cannabis medicinal y del acceso popular a los tratamientos es parte de la defensa del sistema público de salud y de las conquistas de sus trabajadores.
La hipocresía de La Libertad Avanza es descarada y profunda. Mientras Bullrich refuerza el aparato policial y judicial con la excusa de combatir el narcotráfico, su propio espacio político encubre vínculos con él: el caso de José Luis Espert, bajado de la lista oficialista por sus relaciones con redes narco, es una muestra del doble discurso con el que operan. Persiguen al pibe que planta en su casa, pero se codean con empresarios y políticos ligados al dinero del narcotráfico. Dicen defender la libertad mientras encarcelan a quienes cultivan para sobrevivir o aliviar el dolor. Se amparan en la “lucha contra el narco”, pero sostienen un sistema que lo alimenta y lo protege.
Frente a este panorama, la Marcha del 15N será una respuesta colectiva y política frente a la represión y la entrega. Debemos redoblar la organización y la movilización de cara a esta jornada mundial por el cannabis, luchar por la derogación de la ley antidrogas de la dictadura que persigue a los consumidores, por la aplicación efectiva de la ley de autocultivo y contra el aumento de las restricciones para sacar el certificado del Reprocann.
¡No más presos por cultivar!
