Producto de la lucha contra la impunidad desde la última dictadura genocida por parte de los ex detenidos desaparecidos, familiares y organizaciones de DDHH, políticas y sociales, comenzaban a desarrollarse en la ciudad de La Plata, veinte años atrás, los denominados Juicios por la Verdad.

Estos procesos tenían como propósito investigar y conocer el destino final de los y las desaparecidas por el Estado genocida, ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, por efecto de la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, como así también por los indultos concedidos por el gobierno de Menem a los integrantes de las Juntas Militares.

El 21 de abril de 1998 la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó la resolución 18/98, a solicitud de las organizaciones de Derechos Humanos de La Plata, declarando el derecho de los familiares de las víctimas de la última dictadura genocida de conocer cuáles fueron las circunstancias de desaparición y en su caso, el destino final de sus restos. Estos juicios luego fueron creados en distintos lugares del país con diferentes formatos. El 18 de abril de ese mismo año, se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final, pero no fueron anuladas sino hasta 2003. Los tribunales rechazaron el planteo de los organismos de derechos humanos de nulidad para responsabilizar penalmente a los genocidas y, en cambio, tuvieron lugar estos juicios para “reparar” el derecho de los familiares a saber la verdad.

Fueron designados los jueces Julio Víctor Reboredo, Leopoldo Héctor Schiffrin y Alberto Ramón Durán como delegados del pleno, encarando el Tribunal la investigación del “derecho a la verdad”, conforme las directivas emanadas en la materia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia sentada en el caso “Velázquez Rodríguez”.

Se recibieron más de 1.800 declaraciones en audiencias orales y públicas en las más de 2.600 causas que tramitan en la Secretaría del Tribunal creada para esas finalidades. Entre otras medidas, se secuestraron los archivos de la Ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el único Libro de la Morgue existente, los legajos del Servicio Penitenciario Bonaerense, Actas de nacimientos y defunción, Microfilms de Prontuario Cadáveres, Libros y licencias de inhumación del Cementerio de la Plata.  También se realizaron inspecciones oculares a los Centros Clandestinos de Detención de Arana – Cuatrerismo, La Armonía- inmediaciones del Vivero Ferrari, Comisaría 5ta. y 8va. de La Plata, El Banco, El Vesubio, Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell y Radio Universidad.

De la recopilación y entrecruzamiento de todos los elementos y con el objeto de lograr la identificación de los restos de compañeros y compañeras desaparecidas, se dictaron medidas de no innovar y posteriores exhumaciones de sepulturas N.N. en los Cementerios de La Plata, Verónica, Magdalena, Avellaneda y Ezpeleta, que permitieron la conservación de los mismos hasta su identificación y posterior restitución.

Asimismo, toda la prueba colectada posibilitó formular hipótesis de identidad que luego fueron corroboradas mediante estudios periciales y genéticos efectuados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Hasta la fecha, de las tareas emprendidas por el Tribunal en el marco de la “búsqueda de la verdad”, se han efectuado 55 identificaciones de personas desaparecidas, entregándose a sus familiares los restos de 41 de ellos. De los casi 1.100 casos de desaparecidos que tramitan en la Secretaría del Tribunal, se encuentran identificadas otras 112 personas que fueron secuestradas y/o permanecieron en centros clandestinos de detención de la jurisdicción de esta Cámara y cuya identificación ha sido efectuada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital. 

Los organismos de DDHH tuvieron un fuerte debate a raíz de realizar estos procesos que no implicaría una condena penal, pero finalmente tuvieron una enorme participación en los mismos aportando las investigaciones realizadas por ellos desde la dictadura, al no existir investigación por parte del estado, y manteniendo hasta la actualidad el resguardo los archivos de la dictadura, los cuales constituyen en la actualidad prueba fundamental para condenar a los genocidas en los procesos penales, recopilando testimonios de compañeros y compañeras que fallecieron a la espera de justicia, ya que los juicios contra los genocidas se realizan a 40 años de los hechos. Entre otros, aportaron sus denuncias “Chicha” Mariani, Nilda Eloy, Adriana Calvo, “Cachito” Fukman y Julio López, entre muchos otros luchadores y luchadoras que mantuvieron y mantienen viva la lucha contra la impunidad de los genocidas.

Los “juicios por la verdad” fueron una tentativa de descomprimir la presión de la enorme movilización democrática por el castigo a los crímenes de la dictadura –iniciada bajo la dictadura misma. A la vez, se convirtieron en un factor de agitación, ya que los testimonios describieron y denunciaron crudamente el genocidio y el encubrimiento posterior.

Tras las leyes de impunidad del alfonsinismo y los indultos menemistas, las únicas acciones penales viables para los familiares, organizaciones y sobrevivientes fueron la persecución por la apropiación de menores, por tratarse de un crimen imprescriptible. Así fue como volvió a la cárcel Jorge Rafael Videla. La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en 2003 –resultado también de esa movilización implacable– daría lugar a los juicios que se les siguen actualmente a los represores.

La lucha contra la impunidad tiene plena vigencia hoy, especialmente, frente al reforzamiento del militarismo en Argentina, Brasil y en otros países, alentado por el imperialismo.