Pasadas las cinco y media de la tarde la gran columna del Encuentro Memoria Verdad y Justicia ingresaba a Plaza de Mayo para realizar su acto.

A la cabeza se encontraban las Madres luchadoras Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle; Sergio, el hermano de Santiago Maldonado; Adolfo Pérez Esquivel, del Serpaj, Carlos “Sueco” Lordkipanidse, de Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos, y representantes de las organizaciones de derechos humanos y políticas que integran el Encuentro, como Liliana Alaniz, de Apel, Néstor Pitrola, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano, Diana Kordon y Claudio Lozano, entre otros. Instalados sobre el escenario montado a espaldas de la Casa de Gobierno, Liliana Daunes –locutora y militante– leyó el documento consensuado entre decenas de organizaciones.

“Estamos aquí enfrentando al gobierno de Macri y sus cómplices, que con la impunidad pretenden borrar la memoria del genocidio, y con la represión y el gatillo fácil buscan imponer su plan de ajuste y entrega”, reza el texto en sus primeros párrafos. El documento denuncia fuertemente todas las operaciones del poder político orquestadas para blindar de impunidad a los genocidas, desde los cuestionamientos a la cifra de 30 mil desaparecidos a la lista de 110 represores que el Servicio Penitenciario Federal presentó para su excarcelación, que incluye a Alfredo Astíz y al “Tigre” Acosta, pasando por el repudiado fallo del 2×1 de la Corte Suprema. Reivindica, además, la apertura de los juicios a los militares como el resultado de tres décadas de movilizaciones y de la rebelión popular del 2001. “Como hubo más de 600 Centros Clandestinos de Detención, las condenas alcanzan a poco más de un genocida por campo de concentración. La mitad de los represores con causas abiertas (más de 540) gozan de domiciliaria, otorgadas en su mayoría durante el anterior gobierno”, denuncia.

El documento contiene, además, definiciones implacables respecto del gobierno anterior.

“Pese a su discurso, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner decidieron convivir con un poder judicial repleto de jueces designados bajo la dictadura y que actuaron como garantes de la impunidad en los juicios a los genocidas. El Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores: los juicios sólo se sustancian con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares. (…)Bajo el gobierno anterior se aprobaron las leyes “antiterroristas”, otra herramienta para perseguir las luchas populares. También tuvimos al represor Berni y al Proyecto X de la Gendarmería para espiar a luchadores y opositores. Por eso tiene absoluta vigencia nuestro reclamo por: ¡Derogación de las leyes antiterroristas!. Una vez más, hoy damos el presente a nuestro compañero Jorge Julio López. Su segunda desaparición en 2006 fue encubierta por el gobierno kirchnerista, que no tomó ninguna medida para investigar a la Bonaerense ni a los servicios de Inteligencia”.

Movilización política

Este 42° aniversario del golpe se produce en el marco de una feroz ofensiva del Estado y del gobierno de Macri para otorgar impunidad definitiva a los genocidas y de un agravamiento de los ataques a las libertades democráticas. El objetivo de ese reforzamiento represivo es apuntalar la política de tarifazos, despidos y despojo al salario, allí donde la complicidad de la ´oposición´ pejota-kirchnerista y de la burocracia sindical no resulta suficiente. El gobierno impulsa la estratégica determinación de reinsertar a las fuerzas armadas en la represión interna, bajo los eufemismos de la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, según la doctrina del Departamento de Estado norteamericano.

En una jornada masiva, la columna del EMVyJ reunió a decenas de miles que denunciamos a Macri y a los gobernadores que cogobiernan, votando juntos en el Congreso y aplicando el ajuste en sus provincias. A esos gobernadores, el kirchnerismo, les propone un frente para 2019.

La sucesión de movilizaciones populares de masas, el 14 de diciembre, el 18, el 8 marzo y este 24 demuestra el reforzamiento de la oposición popular no solo a la política de impunidad y represión sino a toda la política de ajuste y ofensiva. La conclusión es que hay sobradas condiciones para un paro activo nacional, que paralice el país con millones trabajadores en las calles, para derrotarla.

Lo de hoy es un pronunciamiento contundente contra la política de criminalización de la protesta social, contra la tentativa de liberar a los genocidas y es, en definitiva, un pronunciamiento masivo contra toda la agenda de ajuste, desde los tarifazos a la reforma laboral.

 

 

El acto K

Los organismos de derechos humanos enrolados en el kicrhnerismo realizaron su acto pasado el mediodía, antes de que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia ingresara a la plaza.

“También queremos destacar que cuando hay voluntad política, los derechos humanos pueden ser políticas de Estado, así quedó demostrado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (aplausos) donde muchas de nuestras banderas se hicieron realidad”, leyó Estela Carlotto, de Abuelas, marcando la tónica de un acto encuadrado políticamente encuadrado por la camarilla K. Los oradores rechazaron “la persecución a funcionarios del anterior gobierno”, como si los enjuagues de Julio De Vido con el presupuesto del Ministerio de Infraestructura y el vaciamiento del sistema ferroviario tuvieran un ápice que ver con los derechos humanos. Los locutores del acto K también reivindicaron a “los sindicatos atacados”, sin distinción entre las amenazas de Triaca de retirarles la personería gremial a genuinas organizaciones obreras y los negocios espurios de los Moyano, Balcedo y el “Caballo” Suárez. Hubo menciones a Maldonado y Rafael Nahuel, pero nada acerca de los más de veinte muertos en protestas durante los gobiernos K ni las más de 3.000 víctimas del ´gatillo fácil´ y la violencia institucional durante la ´dékada ganada´.

El acto K del 24 de marzo tuvo como línea matriz la estrategia de ´reunificación´ del pejotismo. No hubo denuncias contra los gobernadores ni mucho menos contra los legisladores que acompañaron las leyes del ajuste, como era previsible. Fue un acto de menores dimensiones que los de años pasados, a pesar de que los portales de Página/12, Clarín e Infobae afirmaban que se trataba de un “acto unificado”. Se valían, para este operativo deliberado de confusión política, del comunicado suscripto por algunas organizaciones del Encuentro Memoria Verdad, encabezadas por el PCR y MST, que esgrimían la línea de “un acto, dos documentos”. Esta política oportunista solamente sirvió para paralizar al Encuentro, demorar su convocatoria y sembrar equívocos. Un balance sobre esto es insoslayable para preparar las próximas batallas.

En Plaza de Mayo hubo un solo acto de lucha e independencia política y fue el del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. El Partido Obrero, que dio una batalla a fondo en esa dirección, participó con una columna de casi 10 mil personas. 

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