El 7 de septiembre de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) vino a la Argentina a inspeccionar la realidad de la situación de los Derechos Humanos bajo la dictadura.

40 años después, en el marco de una serie de recordatorios, Macri organizó un ‘acto’ testimonial de ‘homenaje’ en la Quinta de Olivos para un selecto auditorio entre los que se encontraban ministros y funcionarios de su gobierno y los embajadores de EEUU y Alemania. Se trató de un acto de elogio al gobierno estadounidense por haber entregado archivos de la época, recientemente desclasificados.

Las organizaciones que se reclaman defensoras de los derechos humanos, por supuesto, no estuvieron. Muchos de ellos critican la hipocresía del gobierno que acumula un acrecentamiento represivo y de victimas obreras y populares (Maldonado, etc.). La excepción fue Graciela Fernández Meijide, que integraba la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), y que hace tiempo ha adherido a la política del macrismo de ‘reconciliación’ con los genocidas. Esta se ha sumado al coro oficialista-burgués que reclama frente a la pavorosa crisis nacional que “haya oposiciones constructivas” (es decir, que el pueblo no luche y acepte pagar con superexplotación la crisis).

Operativo democrático del imperialismo

El golpe del 24 de marzo de 1976 fue apoyado abiertamente por el secretario de Estado yanqui, Kissinger, que avaló la salvaje represión desatada por la dictadura. El apoyo de los yanquis a la junta de Videla era parte de una política continental, como se vio en los golpes de Chile y Uruguay, entre otros. Con el tiempo, el reclamo de Madres de Plaza de Mayo y de la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por la aparición de los secuestrados y por la libertad de los detenidos se fue abriendo camino bajo el régimen de terror de la dictadura.

En 1977 sube el demócrata James Carter a la presidencia yanqui e inaugura una ‘política de derechos humanos’. Era una maniobra defensiva frente al impacto de la derrota en Vietnam y a los movimientos revolucionarios que tiraron abajo las dictaduras pro-yankis de Somoza en Nicaragua y la del Sha en Irán.

Una parte de los militares en el poder quería eternizarse. Para el imperialismo esto planteaba -en el marco del fracaso del plan económico y del desarrollo de una resistencia social de las masas- un futuro de crisis y desestabilización. El imperialismo (y gran parte de la burguesía nativa) esperaba que la dictadura fuera armando un ‘plan de institucionalización’ dando mayor participación a las burocracias y los partidos burgueses, para prevenir que la crisis no llevara al estallido popular. Frente al inmovilismo, Carter dio luz verde a que viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina a ‘presionar’. También veía el peligro del aventurerismo dictatorial que se manifestaba en ese momento en la negativa a acompañar el boicot de venta de cereales que había decretado el imperialismo -con su política de ‘derechos humanos’- contra la URSS. Y que más adelante se volvería a manifestar en oportunidad de la guerra de Malvinas.

Bajo esa presión pseudo-democrática imperialista, la dictadura finalmente llegó a un ‘acuerdo’. Se permitiría la presencia de la CIDH pero su Informe recién se daría a conocer en un año y antes lo vería la dictadura. El 6 de septiembre de 1979 se instaló en Buenos Aires la delegación de la CIDH.

La movilización democrática desbordó

Madres, Familiares y otros organismos de Derechos Humanos hicieron una campaña para que los familiares vencieran el miedo y concurrieran a la delegación a presentar sus informes de la represión sufrida. En diferentes países del continente había habido fuertes represiones dictatoriales (Chile, etc.) pero en ninguno se había dado la magnitud de ‘desaparecidos’ que tenía la Argentina. La dictadura argentina se ‘copió’ de los métodos del ejército francés en la represión del proceso revolucionario argelino.

El gobierno lanzó una fuerte campaña política y de amedrentamiento contra la visita de la CIDH y para impedir que hubiera concentraciones y repercusión en las noticias internacionales. Los medios de prensa de la época le dieron vuelo a la campaña de “los argentinos somos derechos y humanos’. El primer día de la presencia de la CIDH, Argentina ganó el campeonato mundial juvenil de fútbol. La dictadura decretó un asueto, liberó a los secundarios de sus clases y los llevó al centro a manifestar la ‘alegría’ nacional. Quiso repetir el operativo que había desarrollado en el Mundial de Fútbol un año antes, contra el movimiento internacional de boicot.

Los estudiantes se encontraron con el panorama de colas de 4 y 5 cuadras de familiares de víctimas de la represión ante al edificio de la OEA para ir a presentar sus denuncias. Pero la intención de montar un escenario de provocaciones fracasó y los estudiantes siguieron de largo. Venciendo el miedo miles de familiares desfilaron durante varios días por la CIDH. ¡Fue un golpe democrático contra la dictadura!

Quien frenó y quien movilizó

Frente a la visita de la CIDH la totalidad de las cámaras patronales y los partidos burgueses salieron a defender a los militares en el poder. La Nación (19/7/1979) señaló que “no hace falta esperar la visita de la OEA para saber desde ya cuál es el grado de compromiso histórico -alto sin duda- que las fuerzas políticas argentinas están dispuestas a asumir con relación a la lucha que las Fuerzas Armadas han librado contra la subversión”.  Solo Bittel, una de las alas del peronismo, denunció las ‘desapariciones’. Pero no llamó a movilizar: “El objetivo que perseguimos es el de lograr la paz, y para eso debe volverse a la democracia, aunque no es necesario que se llegue a ella abruptamente. Habrá que transitar los caminos necesarios” (Clarín, 12/9/1979).

El PO (entonces se llamaba Política Obrera) planteó no confiar en la intervención imperialista para detener la represión asesina y la aparición de los detenidos-desaparecidos. Llamó a aprovechar las contradicciones creadas para organizar una movilización de masas de denuncia de las tropelías de la dictadura y por las libertades democráticas.

Política Obrera sacó una declaración que “fue distribuida en fábricas, colegios y barrios” llamando a concretar “la unidad de acción” por “la vida y libertad de presos y secuestrados político y gremiales”, señalando que “sólo la movilización antidictatorial puede lograrlo” (reproducida en el número 299 de nuestro periódico Política Obrera, del 20/8/1979).

El PC, en cambio, convocó a la dictadura a no quedar “rezagada” frente a otros intentos de “democratización latinoamericana” (Informe 15/8/1979) y planteó un contubernio con la dictadura: “Únicamente la solución democrática -que no excluya un acuerdo cívico-militar concebido como un convenio entre iguales y no como imposición del poder- podrá llevarnos a recuperar el tiempo perdido”. El PST, por su parte, en su periódico (Opción N° 12, abril 1979) se adaptaba ocultando el verdadero rol del imperialismo al afirmar que “el gobierno debe responder ante la Comisión de la OEA por los miles de secuestrados”.

Política Obrera N° 300 (15/9/1979), caracteriza en su tapa que la movilización multitudinaria de los familiares de los detenidos y desparecidos impuso “una derrota política de la dictadura”. Concluía que “se trata de superar la pasividad de las direcciones liberales y oportunistas que concilian con la dictadura para coordinar la lucha que las masas vienen librando espontáneamente por sus reivindicaciones en un gran torrente antidictatorial por las libertades, por el salario, por la Asamblea Constituyente soberana”.

Que se conozca el Informe de la OEA

La CIDH afirmó haber recibido 5.580 testimonios sobre casos de detenidos-desaparecidos y violaciones a los derechos humanos. El PO lanzó una campaña porque se diera a conocer públicamente ese Informe. Petitorios, ‘misas’, movilizaciones reclamaban la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos (y la publicación del Informe de la CIDH para romper la censura dictatorial).

Este problema jugará un rol importante en la lucha contra los genocidas. La lucha contra la ley de Amnistía, por la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos y otras (en las que la corriente morenista o titubeó o se opuso, y el PC hundió) jugó un rol importante en crear una movilización democrática y una conciencia antidictatorial que se mantiene con plena vigencia en la actualidad.

La OEA terminó de sacar un largo informe de 500 páginas donde copia con todo detalle las vejaciones de la represión dictatorial. Pero… en un acuerdo con la dictadura se quita toda referencia a quienes son los culpables físicos y políticos de la salvaje represión.

Reivindicar una trayectoria

El PO trabajó activamente por montar esta movilización, no solo a través de sus posiciones y agitaciones, sino desde el seno de la Comisión de Familiares, donde nuestra ya fallecida compañera Cata Guagnini jugó un papel importante, junto a otras dirigentes (Mabel Gutiérrez, etc.).

También enfrentamos la censura dictatorial que prohibió publicar el Informe de la CIDH (aún en su versión mutilada). Evitando quedar en la mera denuncia, fuimos los primeros en publicar el resumen estadístico de los más de 5.000 casos de desaparecidos que había recibido la CIDH. Y luego en el Boletín Libertades Democráticas hicimos lo mismo con los nombres de ese listado.

La lucha continúa.