Libertades democráticas
12/12/2025
47 años después, condenan a penitenciarios por la masacre del Pabellón Séptimo en la cárcel de Devoto
Dos agentes fueron sentenciados a 25 años de prisión por la mayor masacre carcelaria de la historia argentina.
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Cárcel de Devoto.
A casi medio siglo de uno de los episodios más brutales del sistema penitenciario argentino, la Justicia condenó a dos responsables del Servicio Penitenciario Federal por su participación en las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas en la Cárcel de Devoto durante la Masacre del Pabellón Séptimo.
El 14 de marzo de 1978, en plena dictadura, una represión feroz del SPF desató en Devoto la masacre carcelaria más grande de la historia argentina: 65 personas asesinadas y 88 heridas en un operativo deliberado, planificado y ejecutado como disciplinamiento dentro de un sistema que funcionaba, y aún funciona, bajo la lógica de la tortura, el amedrentamiento y la deshumanización.
Juan Carlos Ruiz, ex director de la Unidad penitenciaria, y Horacio Martín Galíndez, ex jefe de Seguridad Interna, recibieron penas de 25 años de prisión. En cambio, Gregorio Bernardo Zerda, ex celador, fue absuelto. El veredicto representa un triunfo parcial pero significativo para sobrevivientes, familiares y abogadas que durante décadas enfrentaron un pacto de impunidad que pretendía enterrar los hechos bajo la etiqueta de “motín”.
El camino para llegar a este fallo estuvo marcado por una lucha persistente. Fueron los propios sobrevivientes, familiares, organismos y profesionales quienes sostuvieron por décadas que aquellos crímenes no podían quedar atrapados en el molde de un “exceso policial”, sino que debían ser reconocidos como delitos de lesa humanidad. Esa pelea logró que, 47 años después, se abriera finalmente el juicio que hoy establece una verdad largamente reclamada.
Este fallo no solo reconstruye responsabilidad penal: vuelve a mostrar la continuidad histórica de un régimen carcelario basado en la violencia sistemática del Estado. Y ese señalamiento se vuelve especialmente urgente en un contexto donde el gobierno impulsa una reforma penal profundamente punitivista, que pretende multiplicar penas, encarcelar por faltas menores y expandir las atribuciones represivas.
Lejos de “ordenar” nada, una reforma así solo agravará la sobrepoblación carcelaria, ya hoy en niveles críticos, hacinando miles de personas en cárceles donde la gran mayoría no tiene condena firme, y donde los abusos, la tortura y la violencia institucional siguen siendo moneda corriente. El mismo Estado que tardó casi medio siglo en reconocer su responsabilidad en la Masacre del Pabellón Séptimo, ahora quiere reforzar un sistema que produce nuevas masacres todos los días.
El fallo de Devoto es un triunfo arrancado por la lucha popular. Y es también una advertencia: la única garantía contra la impunidad y la violencia estatal es la organización independiente de trabajadores, familiares y organismos de derechos humanos.
