Mediante un gigantesco operativo represivo que incluyó a cientos de policías y prefectos y la llamada “supervalla” china, el gobierno impidió que se realice en el Puente Pueyrredón el acto por los 17 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

Las fuerzas de seguridad  mantuvieron cortado el puente desde la noche del martes, dejando claro que el objetivo del gobierno no era “garantizar la circulación” sino impedir un acto que se realiza todos los años y no dura más de dos horas. Cuando las organizaciones (entre ellas el Frente Popular Darío Santillán, el Polo Obrero, el FOL, MTR Cuba y la CTD) y referentes presentes (por el FIT-U estuvieron Nicolás Del Caño, Romina Del Plá y Gabriel Solano) reclamaron el retiro de las vallas, la Infantería arremetió golpeando y lastimando a los familiares y a varios de los manifestantes.

Finalmente, alrededor de las 14 horas se leyó un documento acordado por más de 50 organizaciones, que recorrió la continuidad represiva desde la dictadura militar y en los sucesivos gobiernos democráticos, pasando por la represión del 2001, las ejecutadas por los gobiernos de Duhalde y del kirchnerismo y el nombramiento de este de Milani, y llegando a las avanzadas del macrismo.

Las organizaciones reclamaron justicia para Darío y Maxi, caídos a manos de la Policía Bonaerense en el puente; en la actualidad, solo una parte de los implicados materialmente se encuentran presos, mientras que los responsables políticos de los hechos están libres: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, entre otros. Estos sujetos no sólo continúan con su actividad política sino que forman parte de los armados políticos del Frente de Todos (el bloque de Fernández-Fernández) y Consenso Federal (de Lavagna-Urtubey).

El documento señaló que la represión de ayer y de hoy no detendrá el movimiento popular, en el cual miles de jóvenes levantan la bandera de Darío y Maxi.