El 20 de mayo de 2019 en San Miguel del Monte murieron Camila López (13 años), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22) perseguidos por la policía Bonaerense. Rocío Quagliariello (13) fue la única sobreviviente, internada en grave estado en ese momento. Hace un año, el 17 de marzo de 2021, la jueza de Garantías de La Plata, Silvia Pelossi, dispuso la elevación a juicio, luego de una enorme lucha de las familias y el pueblo montense por juicio y castigo. El inicio del juicio a los imputados está más cerca. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata ordenó el mes pasado el comienzo de las audiencias preliminares para que las partes aporten pruebas.

El caso tiene 24 imputados, entre ellos los policías que participaron de la cacería y un exfuncionario local. Ocho de ellos esperan el inicio del debate en prisión: Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal, Mariano Ibáñez, Franco Micucci, José Domínguez, Héctor Ángel y José Durán.

Los más comprometidos en la causa son los oficiales García, Ecilape, Monreal e Ibáñez: iban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron el choque del Fiat 147. Antes del impacto fatal contra el acoplado, Gonzalo Domínguez recibió un balazo en el glúteo. “Monreal es el que le disparó. Mi hijo viajó más de tres kilómetros herido. No quiero ni pensar en su sufrimiento”, señala la madre. En el expediente consta que García fue otro de los policías que utilizó su arma, mientras que Ibáñez y Ecilape conducían los patrulleros.

Los cuatro están imputados como coautores de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”. Serán juzgados por un jurado popular. Hay otros 19 policías que irán a juicio “por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”. Martínez, por su parte, enfrentará cargos por encubrimiento e incumplimiento de sus funciones.

La madre afirma que las víctimas “iban filmando el paseo en el auto, se reían y se divertían. Y los policías pensaron que los estaban filmando a ellos. Por eso empezó la persecución. El encubrimiento político del caso salpica a todos los partidos patronales, desde la intendenta massista Sandra Mayol de San Miguel del Monte en 2019, pasando por la exgobernadora María Eugenia Vidal del PRO, hasta la actualidad con Berni y Kicillof. El accionar de las fuerzas represivas tiene un factor común en todo el país, y las brigadas clandestinas son moneda corriente, dedicadas a coparticipar con el narcotráfico, el delito organizado, las coimas, la trata de personas.

Los casos de gatillo fácil, como el de los chicos de Monte y tantos otros demuestran que reforzando a la policía no se resuelve el problema de la seguridad ciudadana, sino que se agrava. Para terminar con esta situación, planteamos el desmantelamiento de la Bonaerense, que es una institución represiva y mafiosa. ¡Justicia por los pibes de Monte! ¡Fuera Berni!

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