El pasado miércoles 10 de enero se cumplieron tres décadas de uno de los hechos más conmocionantes de gatillo fácil en la historia de la Argentina. El tiempo pasa, la impunidad sigue.

Aquella noche de inicios de 1994, Norberto Corbo conducía su remis, Peugeot 505, trasladando a Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, mientras el librero, Edgardo Cicutín, junto a Claudio Diez viajaban en un Dodge 1500 por las calles de la zona sur de Avellaneda. Ambos coches terminaron siendo interceptados, próximos a Parque Dominico, por agentes de la Brigada de Investigaciones de Lanús.

A causa de los más de 200 balazos disparados por pistolas y un fusil Uzi (de guerra) perdieron la vida Corbo, Mendoza, Bielsa, Cicutín y herido Díaz.

La investigación de la causa demostró, no solo que las descargas solo salieron del coche policial (sin identificación, al igual que los agentes) sino también que los once policías confundieron a los masacrados con una banda de ladrones que operaban en zonas liberadas, y no habían rendido cuentas del botín (dinero y drogas) con la comisaría.

Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, en una entrevista brindada al diario Tiempo Argentino (10/01) afirma que “fue un acto de corrupción policial, porque la brigada tenía una banda de delincuentes que trabajaban para ellos y fueron a asesinarlos por un vuelto que les debían de un hecho que habían cometido”.

Estos once policías bonaerenses estaban a cargo del subjefe y comisario José “El Lobo” Ribelli, detenido y procesado por la conexión local en el atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, quien fue absuelto gracias a la labor ejercida por su defensa, encarada por Mariano Cuneo Libarona, hoy ministro de justicia del gobierno de Javier Milei. De la masacre de Wilde, Ribelli quedó libre de causa.

Veintinueve años después de los crímenes, el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº3 de Lomas de Zamora condenó a siete de los imputados (cinco fallecieron sin siquiera declarar) a la pena de 25 años de prisión, en suspenso, ya que su defensa lo recusó en casación, y será tratado en el próximo mes de marzo.

“Sobre los que los siete condenados a la pena de 25 años -por distintos motivos- están en libertad, nosotros a eso lo sentimos como una burla, como así también pensamos que lo es para la sociedad en su conjunto (…) La justicia es nefasta, porque en el juicio se pudo acreditar que los policías salieron de la seccional directamente a matar” expresó Raquel.

De este modo, los jueces otorgaron, no solo la libertad de los masacradores, sino también la autodeterminación del domicilio de residencia, mientras se resuelva el fallo, pese a que el mismo dictamina la necesidad de que los condenados mantengan su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Es así como el ex cabo, Marcos Rodríguez, se mudará a la localidad cordobesa de La Falda, el mismo integrante de la fuerza que, posterior a los fusilamientos, se fugo por más de 20 años.

La tercera década de la masacre de Wilde se da en un contexto de aval del gatillo fácil por parte del nuevo gobierno ultra derechista, encabezado por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, no solo por su furcio de “Gatillo Feliz”, sino también por sus declaraciones afirmando que “en los casos de robos en moto, la policía podía dispararles por la espalda cuando huía. Se asume que el que está tirando hacia atrás si recibe un tiro por la espalda es un fusilamiento. No, es legítima defensa”. Doctrina Chocobar la máxima expresión.

Pasaron 30 años y los responsables del Estado, para aquel entonces el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde y el jefe de la Policía Bonaerense, Pedro Klodczyk (fallecido) no pisaron un tribunal por la causa.

A treinta años de los fusilamientos en Avellaneda, y 40 años de democracia, la maldita bonaerense sigue patrullando. Se mantienen (e incrementan) las zonas liberadas y la connivencia con el delito organizado, la trata y el narcotráfico.

Más que nunca, en tiempos de intentonas represivas hacia el pueblo trabajador, es fundamental poner en primer plano el reclamo de prisión a los responsables políticos y materiales de la masacre de Wilde. No a la reinstalación de la doctrina Chocobar. Desmantelamiento del aparato represivo del Estado.

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