El último informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), así como los reportes mensuales sobre comisarías y alcaidías resultan una radiografía de las aberrantes situaciones que deben padecer aquellas personas detenidas, en este caso, bajo la órbita del Poder Judicial federal. Este organismo definió la situación como una “vulneración sistemática y generalizada de derechos fundamentales. No se garantiza la dignidad de las personas”.

Si bien las cárceles federales no tienen los niveles de hacinamiento de las bonaerenses, sobre una capacidad declarada de 10.932 plazas poseen 11.403 presos (datos de diciembre del 2022), mientras que las cárceles bonaerenses tienen una sobrepoblación consolidada por arriba del 100%. Las condiciones de detención detectadas son inhumanas. bv

En 6 de cada 10 pabellones relevados los internos deben comer en el mismo lugar en donde duermen. “En los espacios de atención a la salud se identificaron deficiencias estructurales y sobre todo de gestión, ya que muchos espacios debidamente equipados y preparados para la atención médica se encontraban vacíos o fuera de funcionamiento, por falta de personal o sin motivo aparente (…) las necesidades más básicas, como ir al baño, cocinar, guardar comida, guardar la ropa, transitar, ver televisión, bañarse, llamar por teléfono, estudiar, recibir visitas de familiares, tener visitas íntimas, aprender, o trabajar, entre muchas otras actividades básicas” se vuelven tareas complejas en estos contextos.

Está claro que en estas condiciones la Ley de Ejecución Penal no se puede cumplir. Exigirle a un detenido mejorar, salir adelante, trabajar o estudiar en estas condiciones es imposible, más aún teniendo en cuenta que con el endurecimiento legislativo (leyes Blumberg del 2004 y la última reforma del 2017) apenas un 3% de los detenidos condenados estarían con posibilidades de acceder a salidas transitorias y la enorme mayoría salen luego de cumplir la totalidad de la pena, por lo que no existe ningún tipo de incentivo.

Resulta muy importante resaltar algunos datos relevados por la Procuración que ponen de relieve el rol que tiene la cárcel neoliberal. Las causas de detención son en primer lugar la violación a la ley de estupefacientes, señalando la propia Procuración que los apresados son los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, y en segundo lugar  los delitos contra la propiedad. La mayoría de los detenidos, que son hombre de entre 24 y 35 años, estaban desocupados o subocupados al momento de la detención y en su gran mayoría tienen solo los estudios primarios.

Por otra parte, el porcentaje mayoritario cumplen penas que van de 6 a 18 meses, es decir, no existe la puerta giratoria, pero si es cierto que amplísimos sectores de la sociedad transitarán circunstancialmente la cárcel como mecanismo disciplinador, tanto para ellos como para sus familiares. A diferencia de los presos en el sistema bonaerense, los condenados superan a los que esperan juicios detenidos (procesados).

Capítulo aparte merece el relevamiento sobre los Centros Transitorios de Detención (CTD): alcaidías, guarniciones, comisarías vecinales, etc. siendo estas últimas las que tienen peores condiciones de detención.

Durante la pandemia las cárceles federales no recibían ingresos para evitar contagios por lo que los detenidos permanecían en los CTD. Pasada la pandemia esta situación se consolidó y las cárceles federales solo reciben personas cuando se generan cupos vacantes, por lo que las condiciones de hacinamiento se sufren principalmente en las comisarías y alcaidías, registrándose casos de más de dos años de permanencia en estos espacios que no están preparados para tal fin y que en muchos casos son excarcelados por considerar, el Poder Judicial, que no ameritaban la medida de detención.

Amontonadas 11 personas en calabozos para 4, sin ventilación ni luz natural, durmiendo sobre cartones en el piso, encerrados 24 horas al día, sin espacios para recibir visitas y sin atención médica, porque el Same se niega a ir a esos lugares, teniendo que trasladar los propios policías, en los casos más graves, a los detenidos al hospital, lo cual muchas veces tampoco sucede, alegando falta de móviles o falta de combustible.

Cabe señalar que los calabozos son lo que se define como celda seca, es decir que no tienen ni baño ni lugar para cocinar, debiendo orinar en botellas. La cuestión de la alimentación es alarmante, ya que reciben viandas que pierden la cadena de frío, por lo que resulta peligrosa su ingesta, debiendo una vez más los familiares garantizar los elementos básicos para la vida. Muchas comisarías debieron rehabilitar calabozos que habían sido clausurados para tener más espacio.

La Procuración también recibe y realiza denuncias sobre las torturas sufridas sistemáticamente por las personas detenidas. La tortura, en el sentido más acabado y completo, se define como agresiones físicas, aislamiento, amenazas, traslados gravosos, traslados constantes de unidad, malas condiciones materiales de detención, falta o deficiente alimentación, falta o deficiente asistencia a la salud, robo y/o daño de pertenencias, impedimentos de vinculación familiar y/o social, y requisas personales vejatorias.

Entendiendo la tortura en este sentido integral del concepto, la Procuración relevo 336 casos de tortura, 298 de violencia física y hostigamiento, y 18 de amenazas y hostigamiento, de los cuales 110 fueron denunciados. “Se utilizan los borceguíes correspondientes al uniforme penitenciario, los palos, escudos y también elementos como el gas pimienta y las balas de goma. A modo cuantitativo priman todas estas maneras de ejercer la violencia y, cualitativamente, se destaca la variedad y persistencia de prácticas sumamente crueles como las asfixias, quemaduras, los abusos sexuales, los cortes, así como la utilización de capuchas o bolsas para cubrir la cabeza a las víctimas y desnudarlas, atarlas y/o arrastrarlas. Estos últimos aparecen con menor frecuencia en el registro, pero implican un uso exacerbado de la violencia”. Se da por descontado que la cifra relevada es una parte ínfima de los hechos sucedidos.

Un señalamiento muy importante que se hace en el informe es que muchos de los hechos de tortura suceden cuando las personas detenidas, al no recibir respuesta frente a reclamos o pedidos, deben realizar medidas de fuerza para obtener derechos de los que deberían gozar sin necesidad de someterse a situaciones de violencia. Esta situación se ve agudizada por la poca claridad y transparencia en los mecanismos y procedimientos previstos para realizar los reclamos y la nula respuesta que reciben cuando consiguen hacerlo.

El Estado no brinda información clara y actualizada sobre las personas que tiene bajo su custodia en las cárceles comisarias, alcaidías, etc. Son ínfimos los casos de agentes penitenciarios enjuiciados por los delitos cometidos contra presos. A 40 años de la recuperación de la democracia los centros de detención y tortura están vigentes y la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado no cesara bajo este régimen social.

Ni los que nos gobiernan, ni los que nos gobernaron darán respuesta a la gravísima situación en la que se encuentran los presos.

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