A 5 años del asesinato de Santiago Maldonado, sigue la impunidad

El 1/8 habrá una concentración y festival en Plaza de Mayo.

Archivo Ojo Obrero Fotografía

Hace casi 5 años, el 1 de agosto de 2017, la Gendarmería desalojó un corte de ruta de la comunidad mapuche de Cushamen, en la provincia de Chubut, y persiguió a los tiros a los manifestantes dentro de su territorio, sin orden judicial. El operativo contaba con la presencia de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich. Santiago Maldonado, que participaba del corte, desapareció en el curso de la represión y su cuerpo sin vida fue hallado 77 días más tarde en el río Chubut.

La comunidad Cushamen venía siendo objeto de numerosas agresiones por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, incluyendo un operativo en enero que dejó dos heridos de bala.

Poco después de la represión en Cushamen, el 25 de noviembre, la Prefectura de Bullrich asesinó a Rafael Nahuel en Lago Mascardi. La sistemática represión contra los pueblos originarios forma parte de un operativo de acaparamiento de tierras y recursos naturales por parte de grandes grupos empresarios que se van adueñando de la Patagonia. Esta política viene acompañada de la militarización, con envío de tropas de Gendarmería y el espionaje y control social sobre el conjunto de la población a ambos lados de la cordillera patagónica. Son parte de una escalada de un proceso que lleva varios años, durante los cuales se fue gestando, con argumentos y pruebas descabelladas, la teoría de un foco subversivo en la zona, centrado en las comunidades mapuches y la denominada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Luego de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, el impulso de esta operación ha sido sostenida tanto bajo el gobierno de Macri como el del Frente de Todos, y el presidente Sebastián Piñera en Chile (Prensa Obrera, 19/11/21).

Bajo el gobierno de Alberto Fernández, la causa no ha avanzado y continúa la represión. El caso de Santiago Maldonado despertó una gran reacción popular; fue un baluarte de la lucha antirrepresiva contra un gobierno que intentó inclusive avanzar en la liberación de los genocidas. La Plaza de Mayo, que se llenó para derrotar el 2×1 a los represores condenados de la dictadura, fue colmada también en reclamo de justicia por el joven combativo y solidario de 25 de Mayo, que se había acercado al corte de Lof Cushamen en apoyo a sus reclamos por tierra y contra la represión estatal.

La causa

Durante el mes de mayo, la causa de Santiago Maldonado tomó protagonismo nuevamente tras la aparición de un testimonio que sería clave en la reevaluación de los hechos y la búsqueda de la verdad. Sobre esto, Verónica Heredia, abogada defensora de derechos humanos y representante legal de Sergio Maldonado y su familia, estuvo en diálogo con Prensa Obrera. En esa entrevista, Verónica afirma que “hay un testimonio de una mujer que trabajaba en gendarmería de Esquel el 1ro de agosto de 2017, y que escuchó que gendarmes decían que había existido un procedimiento, que habían sido exitosos en ese procedimiento, que habían detenido a uno, que habían detenido a un hippie, que estaba detenido en el destacamento de gendarmería de Benetton, y que estaban tratando de sacarle información para ver quiénes eran los que estaban alrededor de él, con quienes estaba”.

A la luz de todos los testimonios, la testigo sostiene que Maldonado fue capturado y muerto mientras era presionado por los gendarmes para que brindara información sobre sus compañeros. La profesional denuncia haber sido presionada y amenazada por la Gendarmería para que se mantuviera en silencio. Actualmente se mudó de Chubut y está en disponibilidad (Prensa Obrera, 30/5).

“Al Frente de Todos no le interesa ni quiere saber qué pasó con Santiago, mucho menos que se haga justicia. Y eso que lo desaparecieron en el gobierno de Mauricio Macri. 4 años de impunidad, el Estado es responsable”. La reflexión que hace Sergio Maldonado, su hermano, se desprende de la impunidad que aún recubre a los responsables el caso de Santiago Maldonado, a 4 años de su desaparición forzada seguida de muerte en manos de la Gendarmería nacional.

El accionar de las fuerzas de seguridad no se puede escindir del Estado al que representa. Vemos que lejos de representar una grieta con su antecesor, el gobierno de Alberto Fernández ha profundizado una orientación represiva, de amedrentamiento y persecución a la juventud. Este 1 de agosto volvemos a movilizar por Justicia por Santiago junto a sus familiares, amigos y organismos de DD.HH.