“¿Qué esperan, que me muera? Necesito una sentencia ejemplar, y la necesito ahora. Que se pongan una mano en el corazón. Ni deben pensar en lo que estamos pasando los familiares”, declaró la madre de una de las víctimas de la masacre de Monte. El 20 de mayo se cumplen tres años de la masacre de San Miguel del Monte, perpetrada por agentes de la policía bonaerense que acribillaron un auto lleno de jóvenes. Fueron asesinados esa noche cuatro jóvenes: Camila López (13 años), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22). Rocío Quagliariello (13) fue la única sobreviviente, internada en grave estado en ese momento. Hace un año, el 17 de marzo de 2021, la jueza de Garantías de La Plata, Silvia Pelossi, dispuso la elevación a juicio, luego de una enorme lucha de las familias y el pueblo montense por juicio y castigo. El inicio del debate no tiene fecha.

El caso

“Ya tendríamos que tener una fecha de juicio. Se están por cumplir tres años del asesinato de los chicos. Ya esperamos demasiado”, reclama Susana Ríos, mamá de Gonzalo, en diálogo con TN. Y continúa: “Esto no se puede dilatar tanto. Es un horror estar esperando tanto tiempo. Entendemos que es una causa grande, que hay más de 200 testigos y demás. Pero primero eran las apelaciones, después la pandemia, ¿y ahora? Lo único que falta es poner la fecha. Ya no hay excusas” (TN, 13/3).

El caso tiene 24 imputados, entre ellos los policías que participaron de la cacería y un exfuncionario local. Nueve de ellos esperan el inicio del debate en prisión: son los policías Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal, Mariano Ibáñez, Franco Micucci, José Domínguez, Héctor Ángel, José Durán y el exsecretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez.

Los más comprometidos en la causa son los oficiales García, Ecilape, Monreal e Ibáñez: iban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron el choque del Fiat 147. Antes del impacto fatal contra el acoplado, Gonzalo Domínguez recibió un balazo en el glúteo. “Monreal es el que le disparó. Mi hijo viajó más de tres kilómetros herido. No quiero ni pensar en su sufrimiento”, señala la madre. En el expediente consta que García fue otro de los policías que utilizó su arma, mientras que Ibáñez y Ecilape conducían los patrulleros.

Los cuatro están imputados como coautores de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”. Serán juzgados por un jurado popular. Hay otros 19 policías que irán a juicio “por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”. Martínez, por su parte, enfrentará cargos por encubrimiento e incumplimiento de sus funciones.

El gatillo fácil y las cajas recaudadoras de la policía

La mamá de Gonzalo, en la entrevista con el mismo medio, sostiene la hipótesis de que los chicos “vieron algo que no debían haber visto”, y profundiza: “Todos sabíamos lo que estaba pasando acá. Se sabía de las coimas, de los apremios ilegales, del narcotráfico. No me voy a meter en esas cosas, pero lo menciono porque todos sabíamos lo que pasaba. Nos cansamos de recibir denuncian de gente que, si no pagaba una coima, enseguida le caía una brigada”.

El hecho que denuncia la madre de Gonzalo pone al desnudo un operativo común en la Bonaerense: todos los vecinos de la zona denunciaron que eran comunes esos operativos para recaudar fondos buscando o creando violaciones a las leyes de las víctimas del control. Las denuncias por vejaciones, atropellos a menores de edad son frecuentes y los vecinos arguyen que el comisario se manejaba como un “sheriff”.

La madre afirma que las víctimas “iban filmando el paseo en el auto, se reían y se divertían. Y los policías pensaron que los estaban filmando a ellos. Por eso empezó la persecución. Era un 147 que iba a 20 kilómetros por hora. Eran chicos, no estaban armados, no hubo ningún acto de delincuencia. ¿Por qué tantos disparos? Fueron más de 11. ¿Qué necesidad había de disparar tanto?”

El accionar de las fuerzas represivas tiene un factor común en todo el país. Las brigadas clandestinas son moneda corriente, dedicadas a coparticipar con el narcotráfico, el delito organizado, las coimas, la trata de personas. ¿Acaso alguien podría pensar que la policía no conoce dónde se vende droga o se encuentran los prostíbulos clandestinos?

Basta de encubrimiento

El encubrimiento político del caso salpica a todos los partidos patronales, desde la intendenta massista Sandra Mayol de San Miguel del Monte en 2019, pasando por la exgobernadora María Eugenia Vidal del PRO, hasta la actualidad con Berni y Kicillof.

Los casos de gatillo fácil en nuestro país se multiplican. Durante 2020 y 2021 se computó una muerte cada 20 horas en manos de las fuerzas represivas bajo distintas modalidades: desapariciones seguidas de muerte, gatillo fácil, muertes en cárceles, en comisarías o bajo custodia. Más de 100 muertes en manos de las fuerzas represivas fueron efectuadas por la Bonaerense comandada por Sergio Berni. En este sentido, el ministro de Seguridad busca con cada declaración absolver al Estado en su responsabilidad de asesinar pibes, y al gobierno de su propia responsabilidad en el encubrimiento de los responsables, defendiendo la teoría de que estos policías “son manzanas podridas, no es toda la institución”.

“No vamos a soportar y vamos a ser implacables con todo hecho de corrupción y con todo incumplimiento de la normativa y de los derechos humanos”, dijo Kicillof en el acto de 200 años de la creación de la Bonaerense, montando una impostura total. Pero la realidad demuestra todo lo contrario. La institución de la “maldita policía” aparece como una amenaza para los jóvenes en los barrios, los trabajadores y los luchadores, y cuenta con la protección política del gobierno de turno, que ha dejado intacto este aparato corrupto, encubriendo su accionar criminal. El gobernador bonaerense, en la discusión del Presupuesto provincial 2022, ratificó nuevamente su apoyo a la figura de Sergio Berni, asignándole en el proyecto la suma de 216.816.673.000 pesos a la cartera de Seguridad, con lo que se prevé incorporar 10 mil nuevos efectivos el año que viene. Un empoderamiento en regla de la Policía Bonaerense, cuyo accionar criminal se despliega por toda la provincia. Una cifra presupuestaria 62% veces mayor al área de Salud, lo que demuestra el norte del oficialismo.

Al fin y al cabo los gobiernos se sirven sistemáticamente de una fuerza íntimamente entrelazada con el narcotráfico, la trata de personas y promotora de todo tipo de actividades delictivas de recaudación, recibiendo los funcionarios una tajada de los negociados regenteados por la policía. El problema sí es toda la institución. Los casos de gatillo fácil, como el de los chicos de Monte y tantos otros demuestran que reforzando a la policía no se resuelve el problema de la seguridad ciudadana, sino que se agrava. Para terminar con esta situación, planteamos el desmantelamiento de la Bonaerense, que es una institución represiva y mafiosa. ¡Justicia por los pibes de Monte! ¡Fuera Berni!