Cuatro meses pasaron desde el 1 de agosto, cuando la Gendarmería desató una violenta represión en la comunidad Pu Lof Cushamen, circunstancia en la que fue visto por última vez Santiago Maldonado. A pesar del tiempo transcurrido, no hay todavía imputados por la muerte del joven, cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de octubre pasado en el río Chubut. El Estado operó a través de sus medios adictos para desviar la atención de la búsqueda de Maldonado y para exculpar a la Gendarmería, cuyos miembros falsearon informes e ingresaron ilegalmente para reprimir la protesta de la que participaba Santiago. La justicia, incluso luego de la recusación del juez Guido Otranto, no requisó el celular de Pablo Noceti, jefe de gabinete del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, quien se encontraba en el lugar coordinando el operativo.

Esta política represiva se profundizó y, en Bariloche, la Prefectura de Patricia Bullrich mediante su grupo de élite Albatros el sábado pasado asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años que se encontraba participando de la recuperación de un territorio luego del desalojo de sus compañeros. La violencia estatal provocó tres heridos de bala más y, frente a la versión que indicaba que había habido un enfrentamiento en el que los miembros de la comunidad mapuche habían disparado con armas de grueso calibre, la justicia no halló ningún arma ni rastro de pólvora en Rafael Nahuel ni en los dos detenidos que fueron apresados cuando trataban de salvar la vida de su compañero. Los episodios represivos contra los mapuche forman parte de una política represiva que Macri y los gobernadores ejercitan para aplicar el ajuste contra el pueblo.

Una muestra más de este accionar se produce ahora mismo a través del operativo de “seguridad” diseñado para proteger a los capitalistas del G20. Alrededor de mil quinientos policías coparon la ciudad de Bariloche como parte del plan represivo gestado para garantizar los intereses imperialistas que se pondrán en discusión en la reunión de viceministros de finanzas de los países que integran el grupo. El descomunal despliegue de las fuerzas a cargo del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se produce a pocos días y a pocos metros de donde se produjo el asesinato de Rafael Nahuel en Lago Mascardi. El homicidio fue cometido por miembros de la fuerza de elite Albatros que tiraron a matar por la espalda al joven de 22 años. La comunidad permanece aún dentro del territorio recuperado.

Más de tres mil barilochenses se habían manifestado en repudio al asesinato producido por las fuerzas estatales de Rafael Nahuel. En cambio, fracasó la movilización en apoyo a los represores, que congregó apenas a un puñado de personas. Mientras tanto la mesa de negociación se encuentra en cuarto intermedio y la comunidad mapuche en deliberación. Los abogados de la comunidad solicitaron al juez presentarse como querellantes en la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel.

El operativo represivo de Bullrich tiene como fin garantizar las negociaciones entre los jefes de las finanzas del G20 que permitan la profundización de las políticas de saqueo imperialista que cuentan con la colaboración de Macri y compañía.

Es la defensa de los mismos intereses que condujeron al crimen de Maldonado y de Nahuel: los Benetton, Lewis, y Chevron.

El operativo en Bariloche es un "comando unificado" de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la que se suma la policía provincial. El movimiento popular debe rechazar esta militarización, reclamar la renuncia de Bullrich y enfrentar la arremetida represiva que el oficialismo y los gobernadores desarrollan para imponer el ajuste contra los trabajadores.

Con estos reclamos, el próximo 7 de diciembre el Encuentro Memoria Verdad y Justicia se movilizará a la Marcha de la Resistencia, junto a las Madres luchadoras, para reclamar justicia por Maldonado y Rafael.