El pasado 17 de noviembre se cumplieron dos años del crimen de gatillo fácil que se llevó la vida de Lucas González. El caso adquirió relevancia popular, no porque un par de policías tiren a matar sobre personas indefensas, algo que ya forma parte de la cotidianeidad de la vida en los barrios populares, o porque lo hagan vestidos de civiles en ocasión de estar regenteando la droga y la prostitución, sino porque en el encubrimiento que se intentó montar quedaron implicados altos oficiales de la fuerza y funcionarios del gobierno. La comprensión popular fue inmediata, al día siguiente del crimen, vecinos y organizaciones sociales se movilizaron ante una comisaría vallada para exigir justicia por Lucas González.

La concentración tuvo una tónica fuertemente crítica de las fuerzas policiales, advirtiendo que la situación podría escalar y que a su vez podría sacar provecho del caso. El kirchnerismo intervino en la causa a través del abogado Gregorio Dalbón, conocido por ser letrado de la vicepresidente Cristina, quien rápidamente se puso a la cabeza de las movilizaciones que por esos días se desarrollaban y, a los jóvenes que cantaban contra la institución policial, los llamó a restringir el asunto a los efectivos que asesinaron a Lucas.

Los hechos

En la mañana del 17 de noviembre de 2021, alrededor de las 9.30 hs. la Surán en la que viajaba Lucas González, detuvo su marcha frente a un kiosco ubicado en la esquina de Av. Iriarte y Luna. Bajaron a comprar gaseosas y reemprendieron el viaje de regreso hacia Berazategui. Habían salido del Club Deportivo Barracas donde habían ido a probarse para ingresar a jugar en las inferiores donde jugaba Lucas. Sin que aún lo hubieran advertido, un coche sin identificación, modelo Nissan Tiida, perteneciente a la brigada 6 de sumarios, oficios y comunicaciones de la Comisaría vecinal 4D de La Boca, a bordo del cual se encontraban 3 policías sin uniforme (Issasi, Nieva y López), los venía siguiendo y con la Surán detenida acortó distancia.

La maldita policía

Según relataron los mismos agentes, habían aprovechado la suspensión de un procedimiento judicial para realizar de civil diversas tareas de control de calle. Esta práctica suele ser ocasión para otro tipo de actividades tales como el regenteo de la prostitución y de la venta de droga. Originalmente la Policía de la Ciudad se había creado como nueva fuerza bajo el discurso de poner fin a esta clase de prácticas. Los vecinos de la 21 ya habían denunciado que policías de civil, a quienes conocen por su presencia como uniformados en el barrio, circulan a bordo de vehículos sin identificación para llevar a cabo todo tipo de actividad delincuencial. Asimismo, esta fuerza, a pesar de basarse en el principio “la distancia es mi amiga”, acumula a la fecha cerca de 200 casos de gatillo fácil, muchos de los cuales suelen ocurrir mientras los efectivos se encuentran de civil.

Gatillo fácil

Cuando los adolescentes retomaron su marcha, los policías comenzaron a sobrepasarlos y en la intersección con Vélez Sarfield les cruzaron de frente el auto. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Mientras los jóvenes intentaban maniobrar por la izquierda para evadir el vehículo y salir de lo que entendían era una situación de robo, los policías descendieron y rodearon la Surán abriendo fuego en dirección hacia su interior. En medio de las detonaciones y el silbido de las balas, Lucas cayó tendido sobre el regazo del conductor.

Tortura, discriminación y apremios ilegales

La Surán logró salir de la redada criminal y, a pocas cuadras, se detuvo en Alvarado y Perdriel para pedir socorro a una policía que ahí se encontraba. Les dijeron que eran menores de edad, jugadores de fútbol de las inferiores, que acababan de ser asaltados y que su compañero estaba herido e inconsciente. La policía transmitió todo esto por comando a la espera de instrucciones. Mientras tanto, Issasi se había comunicado con sus superiores y los alertó de lo sucedido. Cuando estos comprendieron que el auto sobre el que la brigada había abierto fuego era el mismo que se encontraba detenido en Alvarado y Perdriel dispuso que los jóvenes debían permanecer detenidos mientras evaluaban cómo continuar.

Los chicos permanecieron más de 6 horas detenidos en el suelo y según relató uno de los padres que se hizo presente en el lugar, de no ser por él seguramente los hubieran tenido detenidos hasta la noche contra el suelo. Durante la detención los jóvenes fueron discriminados, humillados y uno de ellos torturado. Uno de los policías apagó un cigarrillo sobre la mano de Lucas quien yacía agónico e inconsciente dentro del auto. Los policías les decían frases como “a estos negros de mierda hay que meterles un tiro en la cabeza” y “así que sos de Varela, villero, tendrías que estar muerto como tu amigo”. Mientras tanto los chicos, esposados y recostados contra el suelo, les insistían con que eran deportistas que venían de probarse en un club de fútbol. Esta es la naturaleza detrás de la política de “cercanía a los vecinos” que propugna la policía de Larreta detrás de la cual se esconde el accionar delictivo y de violencia institucional de las fuerzas policiales contra la población.

Desayuno de gala de la Metropolitana: se planifica el ocultamiento

Ese mismo día, con motivo de cumplirse el aniversario de la creación de la Policía de la Ciudad, se encontraba reunida en un desayuno de gala la alta oficialidad con el ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro y funcionarios del ministerio. Al día siguiente, como parte de una doble jornada de festejos, se realizaría un evento en el Teatro Colón, el cual debió suspenderse una vez que lo sucedido adquirió carácter público.

El director de la comuna 4, comisario inspector Daniel Alberto Santana, responsable de la actividad de los 2000 policías de la comuna a su cargo, se encontraba en el desayuno. Recibió una llamada de Rodolfo Ozán, quien a pesar de ser comisario de otra jurisdicción estaba al tanto de todo lo sucedido. Transmitió la información recibida a sus superiores y por orden de estos se trasladó al lugar de los hechos. Minutos antes Ozán había recibido una llamada de Fabián Du Santos, comisario de la comisaría 4D. Esta llamada quedó registrada. Conversaron acerca de cómo encubrir el hecho y decidieron conversarlo con Santana y con el “perro” Romero. Así Ozán le dijo a Du Santos: “Lo llamo a Santana. ¿Por qué no lo llamas al ‘Perro’ y le decís que venga para emprolijar esta cagada?”, y agregó “le dije a Inca que está como subcomisario que vaya y busquen lo que tengan que buscar para justificar esto”.

Si bien no es posible saber qué informó y qué dejó de informar Santana al resto de las personas presentes en el desayuno, una brigada de la División de Intervenciones Rápidas (DIR) se hizo presente al poco tiempo también en la zona donde se encontraban demorados los jóvenes. Este dato resulta relevante si se tiene en cuenta que la unidad fue creada por el Ministerio de Seguridad y que es controlada directamente por este, lo cual cuanto menos arroja sospechas sobre cuánto sabía y cuanto no el Ministro de Seguridad de CABA sobre el encubrimiento que se estaba urdiendo.

El operativo policial en la escena del crimen

Tratándose de adolescentes y estando involucrados policías de la Ciudad, en cuanto se supiera que producto de la balacera había resultado herido un joven debería intervenir la Policía Federal, en conjunto con el juzgado de menores. Tenían poco tiempo para urdir el encubrimiento y hacer pasar un gatillo fácil por una persecución reglamentaria. Mientras se hacían presente en el lugar más policías e informaban por 911 lo ocurrido, la noticia del enfrentamiento llegaba al área de asuntos policiales de diversos medios periodísticos. Es habitual que la policía envíe fotos de las armas secuestradas cuando circulan estos partes, pero la foto del arma secuestrada no llegó y esto levantó sospechas. Tan solo media hora después que los jóvenes fueran detenidos la comisaría 4D de La Boca, en trabajo conjunto con una comisaría vecinal de Barracas, disponían el desplazamiento de efectivos para asegurar el vallado perimetral ante los periodistas que se hacían presentes en el lugar para entender mejor qué había ocurrido. Mientras todo esto sucedía, una ambulancia llegaba para trasladar el cuerpo de Lucas González a un hospital.

Mientras se hacía presente el DIR y asuntos internos de la Policía de la Ciudad, los comisarios Ozán, Du Santos y Romero, en complicidad con Santana, enviaban una moto a la comisaría a buscar un arma para plantar dentro del auto de los jóvenes. Santana, a su vez, mantenía informado de todo a sus superiores, los funcionarios administrativos de la Comuna 4 que integran el Ministerio de Seguridad de CABA. Ya la sola presencia del comisario inspector en el lugar permite entrever el interés de sus superiores por tener lo sucedido bajo control. Si bien Santana reconoció haber tenido comunicaciones con los directores administrativos de la comuna 4 esto fue descartado en la etapa de juicio oral.

El juicio oral y el rol del kirchnerismo

Durante toda la etapa de investigación, Dalbón mantuvo un lugar protagónico influyendo sobre qué prueba se destacaba y cuál debía descartarse, a quiénes se debía imputar y quiénes debían ser desvinculados. Así, los acuerdos políticos mutuos entre la policía de la Ciudad y la federal, entre el gobierno de Larreta y el kirchnerismo, se manifestaban en la dirección que la investigación iba a adoptando. Antes de subir a un tribunal de juicio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decidió apartar de la investigación a todos los mandos superiores implicados y los directores de la departamental de la comuna 4. De tal forma, durante las audiencias del juicio solamente se discutieron las responsabilidades de los policías de la comisaría vecinal implicada y Santana fue absuelto. Durante el juicio, tanto la fiscalía como el abogado Gregorio Dalbón, dirigieron sus acusaciones contra la comisaría dejando por fuera a todos los responsables políticos.

Una condena histórica

Finalmente, luego de 3 años de investigación y 4 meses de juicio, el 14 de julio de este año el Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal N.º 25 dictó sentencia y condenó a prisión perpetua a los policías Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, integrantes de la brigada de civil que se cargó la vida de Lucas González por el delito de homicidio quíntuplemente agravado con alevosía y odio racial, lo cual conforma un fallo histórico que sienta precedente, porque no existen condenas por racismo. Un triunfo de la lucha de familiares, amigos y organizaciones políticas y de derechos humanos.

A las condenas también se les agregó el hecho de intentar matar a los tres amigos del joven, por privación ilegal de la libertad y por falsedad ideológica. El Tribunal condenó además a cinco policías, los comisarios Juan “el Perro” Romero, Fabián Du Santos y Rodolfo Ozán, y al subcomisario Roberto Inca y a 4 años al principal Héctor Cuevas por los delitos de encubrimiento, específicamente por haber ayudado a intentar hacer pasar el hecho como un enfrentamiento armado, por privación ilegal de la libertad y torturas a los sobrevivientes entre las que se incluían amenazas donde se hacía referencia de una manera despótica a la clase social que representaban los jóvenes.

De tal forma, del conjunto de los 20 policías originalmente investigados, 9 recibieron condenas. Las responsabilidades políticas fueron dejadas de lado tanto por el kirchnerismo como por la Justicia, que buscaron desligar a la institución policial del hecho y presentarlo como una acción aislada perpetrada por miembros de una comisaría

La lucha por las libertades democráticas

La policía de la ciudad y el conjunto de las fuerzas policiales y de seguridad del país, con su accionar mafioso sostienen un régimen de terror sobre las barriadas populares al tiempo que regentean y organizan el delito organizado, la trata y la venta de drogas. Se entrelazan al punto de confundirse con narcos y tratantes, adoptan sus métodos cuando no son estos quienes los imitan. Son el principal factor de inseguridad ciudadana, mandan a los pibes a robar y se mantienen en el cargo por complicidad de jueces, fiscales y del poder político.

En esta nueva etapa, donde Milei se servirá de las fuerzas para reforzar aún más la represión sobre el activismo y el movimiento popular, perseguir a la juventud y mantener el control sobre los barriadas populares, se impondrá con mayor necesidad que nunca la organización de las y los trabajadores, de las organizaciones de derechos humanos, del activismo y del campo popular con total independencia de quienes nos han venido gobernando, y de entre ellos el kirchnerismo, para sin ninguna atadura y ningún condicionamiento, ganar las calles en defensa de nuestras libertades democráticas, en defensa de todos nuestros derechos y luchar para que ante un régimen de podredumbre y descomposición social la juventud se abra en el horizonte un futuro.

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