Hoy se cumplen tres años del asesinato de Rafael Nahuel. El homicidio se produjo en un intento de desalojo del territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, en el que participaron 300 efectivos, de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, y que estuvo comandado por la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. A pesar de que la investigación oficial arrojó que la bala que mató a Rafael partió del arma del prefecto Francisco Pintos, la causa no cuenta con ningún procesado.

El crimen se produjo a semanas del hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, en un operativo a cargo de Gendarmería Nacional, en cercanías del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut. Estos dos hechos ocurridos a pocos kilómetros de distancia marcaron el histórico carácter represivo del Estado nacional en el territorio patagónico. Ambas causas judiciales no tuvieron avances significativos y reflejan que la impunidad del Estado también está garantizada por el poder político, a pesar de los cambios de gobierno. Bastará analizar el derrotero de la causa del asesinato de Rafael Nahuel para entender esta afirmación.

A la pericia llevada adelante por la Policía de Río Negro, donde se comprobó que la bala que asesinó a Rafael se disparó del arma del prefecto Pintos, se le interpuso la pericia de Gendarmería, participe del desalojo. Así, se instaló la teoría de que el crimen se produjo en medio de un enfrentamiento armado entre el grupo Albatros y miembros de la comunidad. En 2019, el juez Moldes procesó a Pintos y cuatro prefectos más que habían participado del operativo, bajo la acusación de “homicidio agravado en legítima defensa”. Se convalidó así la teoría del enfrentamiento, a pesar de que se identificaron más de 100 disparos de armas de fuego provenientes del grupo especial de Prefectura y que no se compró un solo disparo o arma de fuego por parte de la Winkul. Posteriormente, el tribunal superior corrigió el fallo y procesó a Pintos por “homicidio agravado”, dictando la prisión preventiva y la falta de mérito para el resto de los procesados. Luego la defensa apeló este cambio de carátula y la causa llegó a la Cámara Federal de Apelaciones, que solicitó una tercera pericia balística. En definitiva, un sinfín de pedidos, fallos, apelaciones, maniobras disuasivas y operaciones mediáticas que tienen como propósito perpetuar la impunidad.

Hace pocos meses el secretario de Articulación Federal del ministerio de Seguridad, Gabriel Fucks, se reunió con miembros de la Winkul. Esta reunión fue de suma importancia, ya que era la primera vez que la comunidad aceptaba reunirse con funcionarios oficiales. En el encuentro plantearon la confirmación del procesamiento del prefecto Pintos, entre otras demandas. Y si bien Fucks se fue con la promesa de trabajar para que esto se concretara a la brevedad no se avanzó en nada. De hecho, ha llegado a asimilar el homicidio de Rafael con los actos de vandalismo que les imputan a los miembros de la comunidad, al declarar que “hay niveles de violencia de ambos lados y hay que bajarlos porque anteriormente este método fracasó y generaron un joven muerto. Hay que buscar la alternativa de convivencia”.

Lo que se plantea como un enfrentamiento entre el gobierno provincial de Arabela Carreras, que exige el inmediato desalojo de la comunidad, y la cartera nacional comandada por la ministra Sabina Frederic, con pronunciamientos que refuerzan la convocatoria al diálogo, solo han consagrado hasta el momento la impunidad del homicidio de Rafael Nahuel. Esta causa muestra el carácter represivo del Estado contra los sectores más vulnerables, el cual solo puede sostenerse en el tiempo gracias a la impunidad de los gobiernos que pasan y convalidan estos crímenes. E incluso reproducen esta lógica represiva en otros conflictos para garantizar la protección de la propiedad privada.

En este aniversario del asesinato de Rafael Nahuel nos sumamos nuevamente al pedido de sus familiares y exigimos justicia.