La plaza de la localidad de Paso Viejo, a 188 km de Córdoba Capital, fue la cita de una convocatoria para exigir juicio y castigo a todos los responsables del asesinato de Joaquín Paredes de 15 años, ocurrido hace un año, cuando un grupo de jóvenes festejaban un cumpleaños antes de sufrir una balacera policial.

La jornada de lucha colectiva fue impulsada por el colectivo Justicia Por Joaquín para exigir la pena máxima para los 5 policías imputados, a la vez que se denunció al poder político. Amigos, organización de derechos humanos y políticas se movilizaron por las calles de un pueblo que gritó por justicia.

Quienes tomaron la palabra en primera instancia fueron lxs familiares de distintos casos de gatillo fácil y represión estatal que se llegaron para acompañar la iniciativa; familiares de Lautaro Guzmán, Agustin Barrios, José Ávila, Rodrigo Sánchez y Blas Correas denunciaron el encubrimiento policial es sus respectivos casos y el hostigamiento para sembrar la impunidad policial.

“Fíjate como podes arreglar esos chanchullos” contó Soledad Laciar, la madre de Blas Correa, sobre una comunicación que el comisario retirado Gonzalo Cumplido mantuvo con el jefe de seguridad provincial Alfonso Mosquera, en relación al asesinato de su hijo. La impunidad emerge desde las más altas esferas del Estado.

“A mi hijo de le dispararon a dos metros a matar” relató el padre de José Ávila. Sus familiares todavía esperan por justicia, sobran las pruebas para condenar a policías asesinos.

Luego del sentido momento en que quedó expresado la lucha colectiva de las familias en toda la provincia contra la represión estatal, se procedió a marchar por las calles del pueblo. Encabezaron la marcha lxs amigxs de Joaquín que esa noche sobrevivieron a los 102 disparos de la policía de Córdoba.

Pancartas y carteles con fotos de las víctimas del gatillo fácil fueron parte la movilización que copó las calles de Paso Viejo y sacudió el habitual silencio con los nombres de la larga lista de asesinatos estatales.

Soledad Díaz junto a una delegación de la UJS y la Juventud del Polo participaron de la movilización popular. La candidata a diputada por el Frente de Izquierda Unidad denunció el “empoderamiento de las fuerzas de (in)seguridad por parte del gobierno de Schiaretti para reprimir la luchas obreras y populares en el marco de una pandemia que echó luz sobre el carácter ajustador y represivo del gobierno”.

Además, resaltó que “la tenaz lucha de la familia de Joaquín logró romper en parte con la impunidad” y finalizó apoyando y acompañando la lucha de las familias “con independencia de los gobiernos, exigimos justicia para Joaquín, cárcel común a todos los responsables políticos y materiales”.

El caso de Joaquín expresa las idas y vueltas de un poder judicial que suele ser condescendiente con la descomposición de las fuerzas de (in)seguridad. En estos 365 días también se expresó la fuerza organizada de las familias puede voltear a la impunidad reinante en una provincia a la que el poder judicial suele ser cómplice de la impunidad y la represión de la Policía.

Solo luego de un intenso año de lucha se logró la imputación por homicidio a todos los policías implicados en el gatillo fácil contra Joaquín, pero aun 3 de los 5 de los implicados están libres. Además, fueron numerosas las denuncias de hostigamientos a testigos de la causa.

El camino para que todos los responsables paguen sigue su curso. Con la movilización popular en desarrollo las familias cuentan con una herramienta para arrancar justicia. Por eso una y otra vez levantaremos la voz para hacer efectiva la consigna: “gatillo fácil nunca más”.

Justicia para Joaquín Paredes; desmantelamiento del aparato represivo. Basta de represión estatal.

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