Luego de unos meses de receso obligatorio producto del Aislamiento Obligatorio, se reanudaron las audiencias del juicio oral contra nuestro compañero César Arakaki y el militante del PSTU Daniel Ruiz.

Arakaki y Ruiz son víctimas de la persecución que el Estado encara contra los que luchan. Ambos estuvieron en una monumental manifestación de 300.000 personas del 18 de diciembre de 2017 en la Plaza de los Dos Congresos para luchar contra una ley confiscatoria, aquella que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria birlándoles a los haberes jubilatorios 100.000 millones de pesos en el año 2018. Por la noche de aquella jornada un cacerolazo masivo salió a repudiar la represión. La cuenta regresiva del gobierno Macri, había comenzado.

La masiva movilización fue un claro mensaje a los legisladores y al gobierno de Mauricio Macri sobre el rechazo general a la reforma previsional. Tras el fracaso de la sesión del 14 de diciembre, en medio de una represión feroz, el 18 el congreso funcionó mediante la militarización de la zona y de una represión que alcanzó incluso a varios diputados.

Si bien el gobierno de Macri logró aprobar la reforma jubilatoria, con el apoyo de los diputados del PJ y de la represión policial, las masivas movilizaciones populares sepultaron el intento de llevar adelante una reforma laboral que ya contaba con el visto bueno del PJ y la firma de la propia CGT.

Con la ley aprobada, el gobierno de Cambiemos montó un operativo de prensa que terminó pidiendo la cabeza principalmente de militantes políticos que habían participado de la movilización. La intencionalidad política de la persecución judicial se da en el hecho que solo los militantes de izquierda tiene sobre sí la persecución judicial que a casi tres años de los hechos continúa cursando un juicio oral a pesar que el principal damnificado, el policía Escobar se retiró de la querella que acusa a César. César Arakaki pagó con cárcel esta persecución, hasta que la movilización política logró su excarcelación. Sin embargo, el fiscal García Elorrio se mantiene firme con la acusación e incorpora audiencia tras audiencia, más testimonios auxiliares en su búsqueda de criminalizar la protesta social pues quedó demostrado por videofilmaciones que Arakaki fue totalmente ajeno a las lesiones del policía Escobar y que tanto el juez Torres como la fiscal de instrucción y el fiscal de juicio conocían al dedillo esa prueba.

El juicio continúa bajo el gobierno de los Fernández que se encargó de agravar aún más la situación de los jubilados. La primera acción de este nuevo gobierno fue decretar la suspensión de la movilidad jubilatoria consumando un nuevo robo a los jubilados manteniendo un hilo de continuidad a la política macrista de hundir en la miseria a les trabajadores jubilados, con el visto bueno del FMI y acreedores internacionales.

La lucha por la absolución de Cesar Arakaki y Daniel Ruíz y el cese de la persecución de Sebastián Romero es la lucha por defender a los jubilados y el derecho a la protesta social, derecho que nuestro pueblo ha ganado en la calles luego de décadas, enfrentando violentas represiones y sangrientas dictaduras. Frente a la agenda de ajuste que el Gobierno de Alberto Fernández viene llevando adelante y tiene planificada para el 2021, y la reforma laboral que vendrá de la mano del FMI, defendamos el derecho de los trabajadores a luchar.

Por ello, el XXVII Congreso del Partido Obrero resuelve

1) Impulsar una fuerte campaña por la Absolución Ya de César Arakaki y Daniel Ruíz. Basta de perseguir a Sebastián Romero y los que luchan, consiguiendo la adhesión de personalidades de derechos humanos, políticas, artistas, así como sindicatos, centros de estudiantes, comisiones Internas, frentes estudiantiles y organizaciones políticas y sociales.

2) Elaborar una agenda de asistencia a las audiencias semanales, sean vía virtuales o presenciales de todas las regionales y frentes del país.

3) Movilizarnos al momento de la sentencia para exigir la absolución.

Aprobado por unanimidad por el XXVII Congreso del Partido Obrero

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