Diego Abrego, cantante del grupo Exocet, ha sido condenado por violar el Código Contravencional. El mismo que a instancias de los diputados de Mauricio –que es Macri– votaron calurosamente los representantes de Daniel –que es Filmus– y, naturalmente, los aliados de Jorge, que no es licenciado, pero es Telerman.

La “justicia” contravencional lo condenó a cinco días de prisión en suspenso por haber participado de la organización de un concierto en plaza Constitución, donde se consiguieron 800 kilos de alimentos para comedores populares.

Corriendo de las plazas y parques a músicos, actores, artesanos dan un paso adelante en la privatización del espacio público para la ganancia privada. En eso no hay debate ni segunda vuelta: los negocios, negocios son. Y la cultura, uno muy redituable: pocos espacios “en regla”, entradas muy caras, miles de trabajadores sin acceso a los bienes culturales y cientos de artistas sin poder trabajar.

Diego, quién habló con nosotros antes de ingresar al recinto de Tribunales, nos explica que rechazó, la “probation”, que le evitaría la pena a cambio de trabajo comunitario. Rechazó la hipótesis de que un concierto de rock sea punible de sanción contravencional alguna.

– ¿Qué pensás de la situación?

– Arranqué mi declaración planteando mi indignación porque un Estado, que es responsable de la situación de falta de seguridad en los eventos y por la falta de espacios para trabajar para poder ganar el sustento, pretenda juzgarme por participar de organizaciones que luchamos por recuperar esos espacios y por ayudar a paliar las situaciones de hambre y miseria que ese propio Estado crea.

La pálida individual se banca. No se trata de eso. Esto va mucho más allá de mi persona, de Diego Abrego. Si perdemos este juicio son muchos pasos para atrás. La absolución, por el contrario, sería “una “patada a la cabeza del sistema” (parafraseando una letra de Exocet). En cualquier caso, está bueno que muchos compañeros entendieron que organizados y unidos podemos enfrentar cualquier tipo de ataque y persecución de parte de funcionarios de turno que defienden al Estado. El espacio público es nuestro y las normas las tenemos que imponer nosotros y no ellos.

Mas allá de la apelación que presentarán los letrados de Diego, debemos iniciar una inmediata campaña de pronunciamientos contra el proceso y contra en reaccionario Código Contravencional. Generar un estado de movilización en los artistas para frenar la avanzada del Estado que también ahora judicializa al arte.