La jueza María Romilda Servini de Cubría, en un antecedente único en el fuero federal, procedió a procesar por resistencia a la autoridad al estudiante de Sociología Federico “Fefe” Fernández, quien fuera detenido en ocasión de una movilización al Rectorado de la UBA el 27 de junio de este año, en rechazo al reconocimiento de la Franja Morada como conducción de la Fuba tras un escandaloso congreso fraudulento.

El delito de resistencia a la autoridad es el delito de menor pena de todo el código penal, y el que se utiliza como justificación cuando las fuerzas policiales detienen a alguien que nada hizo, por lo cual llama la atención que sea una prioridad en el fuero federal donde tramitan las causas de defraudación y coimas de los funcionarios públicos, causas de narcotráfico y de lesa humanidad.

Aquel 27 de junio, la Policía Federal ocupó el playón del Rectorado, ante la manifestación convocada contra el fraude, en el contexto de las órdenes de la jueza Servini de Cubría, como parte de una causa que investigaba la denuncia penal del rector Alberto Barbieri sobre daños en el Rectorado contra Julián Asiner (presidente de la Fuba) y otros que sigue su investigación en el mismo juzgado.

Para procesar a Federico se usan videos como prueba de cargo que lo único que dejan claro es la brutalidad y ensañamiento policial al momento de la detención.

Este procesamiento inédito se produce en el marco de fuertes ataques de grupos mediáticos que ofician como voceros del gobierno. Tampoco podemos dejar de observar el procesamiento a los compañeros de Córdoba y de Río Negro como parte de una escalada que tiene como fin perpetuar el régimen de camarillas privatizadoras que está hundiendo a la universidad pública.

En la ciudad de Córdoba, la justicia federal ha comenzado a citar a cerca de treinta estudiantes acusándolos de usurpación ante la pacífica toma del Pabellón Argentina, sede del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, la denuncia en esta oportunidad lleva la firma del vicerrector Pedro Yanzi Ferreira de la UNC.

En la provincia de Río Negro, ante la toma en el marco de la huelga nacional docente en el mes de septiembre, el 5 de octubre fueron procesadas dos docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, Victoria Naffa y Virginia Naffa, por los delitos de usurpación, coacción agravada, intimidación pública e instigación a cometer delitos. En este caso la denuncia penal fue efectuada por las autoridades de la UNRN.

Esta persecución penal, como decíamos, es acompañada por los medios de comunicación, en especial Infobae y La Nación, que no dejan de comunicar noticias inexistentes sobre supuestos nuevos elementos de prueba en el marco de la denuncia efectuada por Ricardo Monner Sans, contra la dirección de la Fuba desde el 2002 al 2017, que darían cuenta de una defraudación en relación a la venta de apuntes en los espacios de la Federación. Sin embargo, la causa hace dos meses que permanece en la Cámara Federal de Apelaciones a resolución de la nulidad interpuesta por las defensas sobre las tareas de inteligencia efectuadas en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, sin orden judicial.

Es claro que la persecución penal tiene como objetivo desmantelar la lucha de estudiantes y docentes por la defensa de la educación pública, buscando amedrentar mediante la persecución penal a la dirección estudiantil y docente de las organizaciones gremiales.

Impulsemos un petitorio nacional y una campaña de pronunciamientos de personalidades y organizaciones obreras, estudiantiles y de Derechos Humanos contra la persecución y criminalización de docentes y estudiantes de la universidad pública en todo el país.