La Asociación Civil “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” amplió la denuncia penal contra los diputados y diputadas que reclamaron la suspensión de la sesión que dio media sanción al presupuesto 2019, mientras los manifestantes eran reprimidos en las inmediaciones del Congreso. Para ello, Guillermo Lipera, presidente de la institución, presentó como “pruebas” notas y fotos publicadas en Clarín y La Nación. El fiscal Marijuán, por su parte, solicitó a los medios televisivos imágenes y el video difundido por el Partido Obrero.

La denuncia carece de solidez en términos jurídicos, ya que es potestad de los diputados solicitar la suspensión de cualquier sesión, tanto como manifestarse es un derecho constitucional para cualquier ciudadano – de hecho, los representantes legislativos son especialmente protegidos para poder expresar sus opiniones, discursos y acciones según dicten sus principios políticos sin ser perseguidos ni violentados por ello. Pero, además, el video solicitado por los denunciantes demuestran lo contrario a lo que intenta presentar Lipera: tal como efectivamente, sucedió el video del Partido Obrero muestra a la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, junto con un grupo de diputados y diputadas, acercándose a las vallas y la policía les lanza gas lacrimógeno sin mediar palabra. Hasta el ultraoficialista diario Clarín ha aclarado que, en su foto, “no se observa ningún tipo de violencia” por parte de los diputados.

La violencia fue ejercida por el Estado, que valló el Congreso, colocó a las fuerzas de seguridad, reprimió la manifestación, desató una cacería y montó pruebas contra los detenidos, para votar un presupuesto fondomonetarista y de ajuste contra los trabajadores, que democráticamente se movilizaron en repudio a este nuevo ataque a sus condiciones de vida.

La denuncia de Lipera y de esta Asociación Civil clerical y derechista, punteros de cuello blanco del macrismo, forma parte de una campaña de criminalización que ha partido del propio poder político: sigue la línea de Bullrich y de la persecución que lanzó tras las manifestaciones del 14 y 18 de diciembre, para desalentar la movilización popular contra el plan de ajuste del FMI.

Ese amedrentamiento y el intento de gobernar con el Código Penal se podría derrotar con la convocatoria a un gran paro activo nacional en rechazo a que el Senado termine de aprobar este presupuesto, que reúna toda la energía y fuerza de movilización de los trabajadores y golpeé de lleno en el corazón del ajuste y el FMI.